La investigación, centrada en la aplicación de esta medida durante la década 2016-2025, revela que la reserva de plazas debería haberse aplicado en 480 ocasiones, correspondientes a 48 universidades durante diez años, pero solo se ha podido comprobar su cumplimiento en siete ocasiones. El estudio cifra en un mínimo de 2.000 las plazas que no fueron reservadas para personas con discapacidad durante ese periodo.

Plaza Martín subraya que estos datos no proceden de estimaciones, estadísticas generales ni cuestionarios, sino que han sido obtenidos tras más de un año de investigación mediante solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a todas las universidades públicas españolas y están respaldados por resoluciones rectorales de las instituciones correspondientes.

El catedrático advierte de que la dimensión real del incumplimiento podría ser todavía mayor. La falta de información de algunas universidades impide disponer de un diagnóstico completo y le lleva a estimar que el número de plazas no reservadas podría rondar las 3 000, únicamente en el ámbito de las figuras permanentes del PDI. La cifra aumentaría considerablemente si se incluyeran las figuras contractuales de carácter temporal.

La investigación, dada a conocer por el Cermi este jueves a través de una entrevista al investigador, pone asimismo de relieve importantes carencias en materia de transparencia y trazabilidad de los datos. Algunas universidades no respondieron a las solicitudes de información; otras manifestaron no disponer de registros o establecieron dificultades para acceder a ellos. En numerosos casos fue necesario presentar reclamaciones ante los órganos autonómicos de transparencia y, aun así, algunas instituciones no cumplieron las resoluciones dictadas.

Según Plaza Martín, estos datos tampoco forman parte de las principales estadísticas públicas universitarias, como el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), ni de los datos que las universidades están obligadas a publicar en sus portales de transparencia. La ausencia de información accesible, homogénea y comparable, advierte, contribuye a invisibilizar la situación y dificulta verificar el cumplimiento efectivo de la reserva legal.

El estudio plantea que las universidades deberían publicar activamente el número de plazas de PDI convocadas y el número de plazas efectivamente reservadas, ya que existen casos en los que las plazas aparecen inicialmente en las ofertas de empleo público, pero finalmente no se convocan por el turno de reserva.

El diagnóstico del investigador es inequívoco: “Se puede hablar de un incumplimiento generalizado”. Las ocasiones en las que se ha aplicado la reserva son, según sus datos, anecdóticas y todas ellas se han producido a partir de 2023.

Entre las experiencias positivas, Plaza Martín destaca la política de la Universidad de Barcelona, que considera un modelo especialmente garantista, así como determinadas convocatorias realizadas por la UNED y las universidades de Jaén y Zaragoza. Fuera de estos casos, señala que no ha recibido datos que permitan contrastar el cumplimiento efectivo de la obligación de reserva. El estudio también constata que el porcentaje de PDI con discapacidad se encuentra muy lejos del objetivo legal del 2%, así como de los niveles observados en otros sectores educativos.

La investigación identifica, además, diferentes obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad a lo largo de su trayectoria académica. Aunque existe una reserva del 5% para estudiantes con discapacidad en los estudios de grado y posgrado y en los contratos predoctorales del Ministerio, esta protección no se mantiene de manera generalizada en los contratos temporales de acceso a la carrera docente.

Posteriormente, incluso cuando determinados programas ministeriales, como Ramón y Cajal o Juan de la Cierva, contemplan una reserva del 2 %, las universidades no ofrecen después, de manera generalizada, plazas permanentes de PDI reservadas para personas con discapacidad. A ello se suma una tercera barrera: la adaptación del puesto de trabajo, ya que son minoría las universidades que disponen de procedimientos reglados y aprobados para realizar estas adaptaciones.

Para el Cermi , los resultados de esta investigación ponen de manifiesto la necesidad de que las universidades públicas y las comunidades autónomas asuman plenamente sus responsabilidades para garantizar que la reserva de plazas sea una verdadera herramienta de igualdad de oportunidades y no una obligación legal de aplicación meramente formal.

La entidad considera imprescindible mejorar los sistemas de información y estadística, incorporar los datos sobre PDI con discapacidad al Sistema Integrado de Información Universitaria y completar el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas con información que permita conocer la presencia de empleados públicos con discapacidad. Son medidas que, según el propio investigador, no requieren modificaciones legislativas y podrían ponerse en funcionamiento con relativa rapidez.

El Cermi defendió la necesidad de que se produzca un seguimiento, evaluación y replanteamiento de esta política pública, superando la fragmentación de competencias, la dilución de responsabilidades y la ausencia de indicadores que han caracterizado hasta ahora su aplicación en el ámbito universitario.

En este sentido, el investigador reclama como prioridades el cumplimiento real de la reserva, la asunción de responsabilidades por parte de las comunidades autónomas y las universidades y la mejora de los sistemas de información y estadística que permitan evaluar fielmente esta política pública.

Plaza Martín reivindica, finalmente en la entrevista con cermi.es diario, una universidad coherente con los valores de apertura, igualdad, tolerancia y responsabilidad social que proclama. A su juicio, estos principios no pueden quedar en declaraciones abstractas, sino que deben traducirse en realidades tangibles.