Por un lado, los condenados en firme serán trasladados a España para ser juzgados por los graves atentados cometidos aquí, y luego serán devueltos a prisión en Francia para que sigan cumpliendo condena. Cuando acaben ésta, directamente comenzarán a cumplir la pena impuesta en España.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Justicia, Angel Acebes, esto será de aplicación "nmediata" y acaba con la inmunidad de hecho, no de derecho, que beneficiaba a los terroristas.

Al ser condenados en Francia a un mínimo de diez años de cárcel (pena por tenencia ilícita de armas), pasan más de una década hasta que son entregados a España. Durante ese tiempo muchos testigos de los atentados fallecen o cambian de residencia haciendo difícil su localización, de tal manera que la prueba en el juicio de la Audiencia Nacional se torna más difícil.

Por lo que respecta a los etarras por etener, o los pendientes de un juicio por infracciones menores, como, por ejemplo, la infracción de tráfico que cometen en su huída de los gendarmes, ya no serán juzgados en Francia.

Mediante un procedimiento de nueva creación, la `denuncia oficial` de los jueces franceses (o viceversa, si se trata de un terrorista reclamado por el país vecino), los tribunales españoles estarán obligados a juzgar "de forma separada o complementaria" con los sumarios esas infracciones.

El tercer importante acuerdoalcanzado ayer por los dos gobiernos hace referencia a la creación de un equipo hispano-francés de lucha contra el terrorismo, que se pondrá en marcha después del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, los próximos 6 y 7 de diciembre.

Y en cuarto y último lugar, Francia y España compartirán la información que obre en poder de cada policía, al objeto de prevenir atentados. De tal manera que, los jueces y policías españoles tendrán copia inmediata de toda documentación y pruebas que se inauten a los terroristas.

Esto no se pone en marcha de manera inmediata, sino que el grupo de trabajo hispano-francés, con la participación de fiscalías especializadas en la materia, redactará un protocolo en un plazo de tres meses.