La queja ha sido planteada a través de un informe del fiscal jefe del País Vasco, que fue dado a conocer el martes durante el Consejo Fiscal, órgano asesor del responsable del Ministerio Público, Jesús Cardenal, en el que están representados distintos miembros de eta institución.

Según informaron a Servimedia fuentes de la carrera fiscal, en el informe se explica que los miembros de este colectivo en la Comunidad Vasca creen que existe falta de coordinación entre los policías y vigilantes de seguridad encargados de darles protección.

Uno de los aspectos destacado en la comunicación del responsable del Ministerio Público en el País Vasco es la situación de los fiscales de vigilancia penitenciaria, que afrontan un riesgo especial al tener que decidir sobre ls presos de ETA.

Asimismo, otra de las conclusiones del informe es que la asignación de protección personal a los fiscales no sigue unos criterios homogéneos, por lo que no entienden las razones que llevar a asignar una determinada seguridad a unas personas y no hacerlo con otras.

Al mismo tiempo, en el informe también se hace referencia a que representantes de la Fiscalía se entrevistaron recientemente con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, para tratar sobre la seguridad de os miembros del Ministerio Público en la Comunidad Vasca.