Entre los 22 miembros imputados por un presunto delito de integración en organización terrorista, están dirigentes históricos de Herri Batasuna como Karmelo Landa, Juan CruzIdígoras, Florencio Aoiz, junto a otros como Joseba Permach, Juan Cru Aldasoro Jáuregui, Kepa Gordejuela, José Antonio Egido, Joseba Urquijo o José Luis Elkoro.

En el auto, el juez afirma que, de los datos, elementos y documentos obrantes en la causa, indiciariamente se desprende que "existen una serie de responsables de la dirección de ETA, así como de Hasi, KAS, EKIN, Jarrai, Xaki y HB-EH-Batasuna que han formado o forman parte del entramado directivo de la organización terrorista en varios de sus frentes, y, en particular, en HB-EH-BATASUNA".

En este sentido, aade que tales responsables tienen "perfecto conocimiento" del alcance de la integración de Batasuna "en el marco del complejo terrorista liderado por ETA", por lo que se hallan dentro de organización terrorista.

Así, imputa a 22 nuevas personas por la responsabilidad que han desempeñado en la dirección o Mesa Nacional de Herri Batasuna-EH-Batasuna, bien como "delegados" de ETA o como dirigentes de KAS, Ekin, Xaki, Segi, Gestoras Pro Amnistía o el entramado de las Herriko Tabernas. Como tales, sostieneGarzón, tuvieron "conocimiento y participación directa o delegada en el proyecto delictivo común" terrorista.

Los hechos que se imputan a estas 22 personas, que deberán comparecer ante Garzón el próximo 13 de diciembre, se remontan a 1988, dado que los delitos perpetrados con anterioridad a dicha fecha han prescrito y no pueden ser juzgados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional excluye del auto de imputación a seis personas que gozan de inmunidad por seraforados como miembros del Parlamento Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra.

Se trata de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias "Josu Ternera"; Anttón Morcillo Torres, Arnaldo Otegui Mondragón, Jon Salaberría Sansinenea, José Federico Alvarez Forcada y Santiago Pío Quiroga Astiz.

Así, Garzón ha pedido al fiscal adscrito a su juzgado, Enrique Molina, un informe sobre la procedencia de elevar una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que se haga cargo de la inestigación de dicho parlamentarios por su presunta vinculación con ETA.

Según el artículo 26 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es la única competente para decidir sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio de los aforados de Euskadi, siempre y cuando los delitos que se persigan haya sido cometidos fuera de esa comunidad autónoma.

Por su presunta vinculación con ETA a través de Batasuna ya resultaron imputadas 11 personas, que fueron deteidas el pasado 29 de abril, en una operación llevada a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en diferentes localidades del País Vasco y Navarra, bajo la dirección de Baltasar Garzón.

INVESTIGACION

En su investigación sobre Batasuna por su presunta pertenencia a ETA, el pasado mes de abril, Garzón fijó en 24 millones de euros la responsabilidad civil solidaria de la coalición "abertzale" por los daños causados por las acciones de violencia callejera de la organización juvenil Segi.

Poseriormente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional decretó la suspensión de las actividades de Batasuna, alegando que la propia estructura de la coalición "abertzale" se encuentra integrada en el grupo terrorista dirigido por ETA y había sido creada para "complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz".

El magistrado añadía que, "evidentemente", la coalición "abertzale" no ejerce de forma directa la violencia terrorista, "pero presta ayuda logística y oerativa para su desarrollo y, fundamentalmente, colabora en el objetivo de la misma, en el aterrorizamiento de ciudadanos e instituciones que suponen un obstáculo para los objetivos del conjunto".

Posteriormente, el pasado 16 de octubre, Garzón ordenó una serie de diligencias encaminadas a demostrar que Batasuna es responsable de una limpieza étnica encaminada a lograr la victoria nacionalista en un futuro referéndum de autodeterminación.

Para Garzón, existen indicios de que, para lograr esa "depración" del censo electoral vasco, Batasuna y ETA han optado por el mantenimiento sistemático de un clima social de presión e intimidación tendente, no sólo a lograr una hegemonía política nacionalista externa en todo el territorio, sino que "ha ido, directamente, a obtener la segregación del sector no nacionalista de la población con el propósito último de hacerle insoportable la permanencia en aquel territorio, obligándosele a abandonarlo".