Esta fue la conclusión que la presidenta de esta comisión de la Eurocámara, Monika Hohlmeier, expuso ante los medios en una rueda de prensa que se caracterizó por un tono moderado a pesar del ruido generado en torno a esta visita en los últimos días.

La jefa de la misión pronunció una declaración consensuada entre los europarlamentarios presentes –entre ellos, de PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos– que tuvo un acento sosegado, pero que reprochó ciertos aspectos del plan actual, como la “difícil” accesibilidad a los datos disponibles o la “farragosa” burocracia. Según Hohlmeier, eurodiputada del Partido Popular Europeo, la delegación no ha recibido ninguna “presión” de la Comisión Europea para que sus conclusiones no fuesen “muy críticas”, como sí ha denunciado la representación española del PPE.

Los consejos y advertencias formulados han sido trasladados a la Comisión Europea y al Gobierno español, pero no son vinculantes. Es decir, la delegación, en virtud de sus competencias como representación del Parlamento Europeo, realiza un informe de descarga en el que evalúa la gestión de los fondos –y que se realizará de forma anual–, pero las decisiones ejecutivas posteriores competen tanto a Bruselas como a La Moncloa.

Sea como sea, Hohlmeier subrayó que la misión no ha detectado ninguna infracción del reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que tampoco hay riesgo de que Europa “corte el grifo” de los fondos a España. El Parlamento Europeo no tiene potestad para decidir sobre estas cuestiones, pero estas declaraciones van en la misma línea que las reproducidas por la Comisión, que la semana pasada se mostró “muy contenta” por la marcha de los fondos tras aprobar un nuevo pago de 6.000 millones de euros.

Sin embargo, la alemana destacó su inquietud por la última reforma de la malversación, que castiga este delito con un máximo de cuatro años de prisión cuando se cometa sin ánimo de lucro. Antes se podían imponer hasta 12. Por ello, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo exigió al Gobierno “tolerancia cero” con la corrupción y pidió “garantías” de que no existirán “excepciones” en futuribles casos de fraude.

La declaración emitida hoy no ahonda más en esta cuestión, pero posteriormente, ante las preguntas de los periodistas, Hohlmeier aprovechó para detallar mejor la posición de la misión de la Eurocámara.

“Hemos pedido al Gobierno español que, desde el punto de vista de control presupuestario, nos garantice que esto se cumple”, dijo con respecto a “la tolerancia cero” con la corrupción. “En el Código Penal español se prevén muchas medidas de tipo penal y administrativo para luchar contra el fraude y la corrupción. Medidas que se toman con éxito. Pero no puede haber excepción ninguna para ningún supuesto que cometa corrupción”, apostilló.

La delegación del Parlamento Europeo no se inmiscuye en lo que es la reforma en sí, ni en si su planteamiento es correcto o no, sino que, como órgano de control presupuestario, hace constatar ante el Gobierno y la Comisión Europea su preocupación por una posible desprotección penal de los fondos europeos. La intranquilidad procede de la posibilidad de que los intereses financieros de la Unión Europea estén en peligro ante una posible despenalización penal.

SISTEMAS DE CONTROL “FUNCIONALES Y OPERATIVOS”

El Partido Popular ha utilizado esta cuestión para cargar contra la gestión del Gobierno. Desde el PSOE, en cambio, han relativizado la importancia de este mensaje dentro de la declaración y apuntaron que su “recorrido” se ha limitado a “una pregunta que se lanzó al aire” en la reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Al margen de este enfrentamiento político entre los partidos españoles, las conclusiones elaboradas por los mismos recogen esta cuestión, aunque también puntos positivos en materia de control y vigilancia de la gestión de los fondos.

Hohlmeier subrayó ante los medios que el sistema diseñado por la Agencia Tributaria para detectar posibles conflictos de interés entre las mesas de adjudicación y los beneficiarios de las licitaciones, conocido como Minerva, es “operativo, funcional” y una “fuerte herramienta” para combatir el fraude. En la misma dirección se refirió al sistema de control CoFFEE, que centraliza todos los aspectos del Plan de Recuperación.

Reconoció así el “fuerte esfuerzo” del Gobierno por poner estos dos sistemas en marcha –a pesar de los retrasos– y solo puso sobre la mesa una serie de recomendaciones técnicas. Entre ellas, mejorar su interoperabilidad con otros sistemas para agilizar la transmisión de datos entre administraciones, facilitar el acceso de la información a órganos como el Tribunal de Cuentas y garantizar que su puesta en marcha facilita el acceso a las cifras que maneja el Gobierno.

MÁS ACCESIBILIDAD

En este último punto incidió Hohlmeier. Comprobó que gran parte de los datos están publicados, pero lamentó que la accesibilidad para los periodistas y la opinión pública es “complicada”. Asimismo, en términos de transparencia, instó al Gobierno a publicar los informes de ejecución con más frecuencia y de forma “más estructurada y accesible”.

Además, en coherencia con la carta que mandó a Calviño antes de visitar Madrid, urgió al Gobierno a incluir información de los receptores finales de los fondos para conocer con precisión la ejecución real de los más de 160.000 millones que España recibirá por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Lamentó así que todavía no se pueda hacer una “trazabilidad” del dinero.

Por último, apeló a suavizar la burocracia “farragosa” a la que están sometidos los fondos europeos para agilizar su llegada a la economía real, y reclamó tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas más “diálogo y cooperación” para poder ejercer una cogobernanza real sobre estos fondos públicos.

Para finalizar, Hohlmeier rechazó situar a España como un “referente” a la hora de llevar a cabo su Plan de Recuperación porque dice que no es nadie para hacerlo, pero sí ensalzó el esfuerzo de España por dar “un valor añadido” a estos fondos.

FIN DE LA VISITA

De este modo, finaliza la visita de la misión que estaba integrada, además de Hohlmeier, por los eurodiputados del PSOE Isabel García y Eider Gariazabal; Isabel Benjumea, del PP; Eva María Poptcheva y Susana Solís (Cs), Ernest Urtasun (En Comú Podem) y Jorge Buxadé (Vox), entre otros.

A todos ellos le acompañó una pequeña delegación de la Comisión Europea, que visitará España en condición de “observador”. Sus representantes fueron el director general adjunto de la Comisión Europea, Declan Costello, y la directora del grupo de trabajo para la Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, María Teresa Fábregas. Ellos son los que mejor conocen el plan español y los que han dado el visto bueno a todos los pagos realizados hasta ahora. La Eurocámara ha ratificado su trabajo, aunque considera que hay un hito que todavía no se ha cumplido.