Con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, los eurodiputados apoyaron el primer paquete ‘ómnibus’ de la Comisión Europea, lanzado el pasado febrero para reducir la burocracia administrativa e incrementar la competitividad de las empresas de la UE en el mundo.

Con ese paquete, la Comisión Europea pretende reducir al menos un 25% de las cargas administrativas para las empresas y al menos un 35% para las pymes hasta el final del actual mandato comunitario. El 80% de las empresas ahora obligadas a elaborar informes de sostenibilidad podrían dejar de realizarlos porque ese requisito se ceñirá a las multinacionales.

Las nuevas normas de diligencia debida exigen a las empresas mitigar su impacto negativo en las personas y el planeta. Los países de la UE dispondrán de un año adicional (hasta el 26 de julio de 2027) para transponer las normas a sus legislaciones nacionales.

Esa prórroga de un año también se aplicará a la primera ola de empresas afectadas, es decir, las compañías comunitarias con más de 5.000 empleados y una facturación neta superior a 1.500 millones de euros, y las de fuera de la UE con una facturación superior a ese umbral.

Estas empresas solo tendrán que aplicar las normas a partir de 2028. La fecha de aplicación será la misma para la segunda ola de empresas, esto es, las de la UE con más de 3.000 empleados y una facturación neta superior a 900 millones de euros, y las compañías de fuera de la UE con una facturación superior a ese umbral.

La aplicación de la directiva sobre información de sostenibilidad también se retrasará dos años para la segunda y tercera ronda de empresas cubiertas por la legislación. Las grandes empresas con más de 250 empleados estarán obligadas a informar sobre sus medidas sociales y ambientales por primera vez en 2028, correspondientes al ejercicio anterior, mientras que las pymes que cotizan en bolsa deberán proporcionar esta información un año después.

El Paramento Europeo tramitó este asunto por el procedimiento de urgencia. Para su entrada en vigor es necesaria la aprobación formal del Consejo de la Unión Europea.