Hizo esta declaración en una rueda de prensa en Bruselas para presentar el primer informe de evaluación intermedia del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de todos los países de la Unión Europea, entre ellos España. Estuvo acompañado por el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis.

“Sabemos que algunas de las autoridades nacionales e instituciones quieren que haya más flexibilidad en el proceso de valoración de los hitos y de los objetivos y en el procedimiento de revisión de los planes”, dijo Gentiloni, con lo que “estamos preparados para analizar cuáles son las maneras con las que podemos abordar estos retos sin reabrir el marco jurídico”.

Esto podría afectar a España, que actualmente se encuentra ante un posible retraso en la solicitud del cuarto pago, después de que el Gobierno manifestara su intención de pedir a Bruselas demorar el pago de los 10.000 millones ligados a los cambios en el subsidio de desempleo, uno de los hitos pendientes para poder solicitar el cuarto desembolso de fondos europeos.

El comisario europeo de Economía también reconoció que la Comisión Europea esperaba que “los fondos se desembolsasen más rápido”. Sin embargo, defendió que los Next Generation EU “nos han ayudado a navegar en aguas complicadas”, en un contexto “de desaceleración por la guerra de Rusia contra Ucrania”.

El informe de evaluación intermedia del Plan, hecho público por la Comisión, recoge que “las autoridades nacionales ya han señalado que no todos los hitos y objetivos pueden alcanzarse ni completarse en agosto de 2026”, particularmente “los relacionados con inversiones en infraestructuras”.

“Por esta razón, varios Estados miembros decidieron proponer una enmienda a sus planes y en aquellas medidas cuyo calendario se considera poco realista”, apunta, tras defender que “la modificación de los planes es una necesidad natural, ya que se conciben en un período de seis años. No obstante, "la mayoría de las autoridades nacionales piensan que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no es nada flexible o sólo en una extensión limitada”, avisa.

La Comisión también estima que el Plan de Recuperación contribuirá a un incremento del 3,5% del PIB en España en 2026, frente al 1,4% que prevé para el conjunto de la UE. Ese crecimiento sería del 4,5% en Grecia y del 4% en Croacia. Concreta que el análisis “no cubre explícitamente las reformas, que se espera que tengan un efecto positivo a largo plazo”, lo que podría “sentar aún más las bases para una convergencia económica a largo plazo”.

El estudio también indica que hasta mediados de 2023 España había cumplido el 66% de los hitos y objetivos planeados hasta ese momento. Además, España es el único país de la Unión que ya ha recibido el tercer pago, de 6.000 millones de euros, lo que evidencia que el resto de países europeos van más retrasados.

Por su parte, Dombrovskis reclamó un “ritmo de implementación más acelerado” durante el segundo periodo del Plan, ya que “en los últimos informes nacionales vemos que se han cumplido un 54% de hitos y objetivos”. Así, “en algunos casos los Estados miembros tienen que recuperar un cierto retraso”, advirtió, “a pesar de los retos que han supuesto la inflación y la geopolítica”.

REFORMA DEL MERCADO LABORAL

El informe de la Comisión Europea incluye una valoración sobre la reforma laboral en España y señala que “en general ha sido ampliamente bienvenida”. Sostiene que los “dos objetivos principales de la reforma”, es decir, “aumentar el número de contratos indefinidos y reducir el número de contratos temporales" se han logrado "hasta ahora”.

En ese sentido, el estudio recurre a los “datos recientes del Banco de España, que han confirmado los resultados positivos vinculados a la reforma del mercado laboral y han disipado cualquier duda sobre la eficacia de las medidas adoptadas”.

Así, resalta como un elemento “importante” la introducción de “dos tipos de contratos de formación que alternan entre trabajo y estudio como contratos de ejercicio profesional”. Añade que “otro aspecto positivo es la reforma de la subcontratación y la introducción de la prevalencia de acuerdos sectoriales, que deberían poder disuadir la subcontratación por empresas multiservicio”.

Por último, celebra y atribuye a la reforma "la abolición de los contratos de duración determinada para obras y servicios, utilizados principalmente en el sector de la construcción”.