Durante su comparecencia, Fúster explicó que la adquisición de material sanitario se realizó en un contexto de "necesidad imperiosa" y "miedo" ante la evolución de la pandemia, cuando el consumo mensual de mascarillas se multiplicó por nueve, pasando de 100.000 a 900.000 unidades.

El ex alto cargo balear explicó que las mascarillas KN95 adquiridas estaban "equiparadas por el Ministerio de Industria a las FFP2" en aquel momento, y que se compraron "desde el primer momento para uso civil y social", no hospitalario.

Fuster reiteró que el contrato por 3,7 millones de euros con Soluciones de Gestión fue analizado por el gabinete de compras y supervisado por la intervención y la Oficina Anticorrupción, insistiendo en que "si realmente ha habido alguna trama corrupta que caiga todo el peso de la ley sobre ella".

ALMACENAMIENTO POR PRUDENCIA

El ex director general justificó que las mascarillas se almacenaron "por un principio de prudencia" ante la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, y que la decisión de reclamar el dinero se tomó "cuando ya han pasado un par de años" al ver que no serían necesarias.

"Nosotros no dejamos caducar nada. El covid empieza a disminuir su intensidad, por lo tanto cada vez se precisaba menos material", argumentó Fuster sobre el tiempo transcurrido hasta iniciar la reclamación.

Por su parte, el senador del PP Miguel Ángel Jerez cuestionó duramente la gestión del contrato, al tiempo que preguntó por qué se pagaron 2,5 euros por unidad cuando otras mascarillas quirúrgicas costaban 0,45 euros.

"Otras comunidades pagaron 5 euros por esas mismas mascarillas", respondió Fuster, explicando que los precios se dispararon durante la pandemia y había riesgo de que los cargamentos fueran desviados a otros países.

DIMISIÓN NO RELACIONADA

El exalto cargo de Baleares aclaró que su dimisión en junio de 2022 no tuvo relación con este caso, sino con haber firmado una resolución sobre oposiciones en las que participaba su hija, negando que se debiera a la entrada de la UCO en su departamento.

El compareciente defendió que todo el proceso estuvo supervisado por un comité técnico que informaba diariamente al equipo directivo sobre las posibilidades de compra, rechazando las ofertas que no cumplían los requisitos.

"Si no cumple, evidentemente se rechazaba. Si cumplía, pues evidentemente lo comprábamos porque queríamos tener mucho stock, necesitábamos tener mucho stock porque no sabíamos cómo iba a evolucionar", explicó.

CERTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO

Sobre el certificado de agosto de 2020 que avalaba la recepción satisfactoria del material, Fuster aclaró que fue firmado por el subdirector de compras y que solo acreditaba la llegada "en número, tiempo y forma", sin eximir de posibles reclamaciones posteriores.

"Fuimos la segunda región de Europa con menos mortalidad y la segunda comunidad autónoma que consiguió traer un avión con material de protección", destacó Fuster al defender la gestión realizada durante la pandemia.