Tras la reunión de dicho observatorio, la presidenta de su Consejo Asesor, Cristina Alberdi, explicó en rueda de prensa que el informe del CES es "inadmisible" y sus conclusiones son "rechazables sin paliativos", ya que contiene un error de apreciación y de técnica jurídica por el que llega a relacionar la absolución de maltratadores con la existencia de denuncias falsas de aquellas mujeres a las que agredieron.

Alberdi aclaró que existe un alto porcentaje de archivos judiciales relacionados con la violencia de género que obedecen a la falta de pruebas y criticó que el informe del CES abunde también en la idea de que las mujeres maltratadas presentan denuncias porque se les ofrecen incentivos si lo hacen.

Según indicó, esta interpretación supone un tremendo desconocimiento de la violencia de género y parece dar a entender que las mujeres denuncian a sus maltratadores como si con ello fueran a obtener un piso o cualquier otra prebenda.

Por su parte, el presidente del observatorio y consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, aseguró que este órgano va a instar igualmente al Consejo General del Poder Judicial y al recién creado Ministerio de Igualdad a que reclamen de los jueces y magistrados la utilización de mecanismos electrónicos que garanticen más y mejor el cumplimiento efectivo de las órdenes de alejamiento.

Tras asegurar que no entiende por qué el Observatorio Nacional de Violencia de Género no actúa en este sentido, Prada señaló que el Gobierno central debe hacer lo necesario para que los jueces y magistrados utilicen dichos mecanismos porque las cifras de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas son preocupantes.