De ellos, 59.127 perdieron definitivamente el trabajo, al resultar incluidos en alguno de los 6.691 expedientes de despido colectivo aprobados por la autoridad laboral, aunque en el 92 por ciento de los casos hubo pacto previo entre empresas y trabajadores.

Las otras dos modalidades de regulación de empleo, la supresión temporal de la relaciónlaboral y la reducción de la jornada de trabajo habitual, experimentaron una evolución todavía más negativa, de acuerdo con los datos de Trabajo.

En los primeros se vieron inmersos 197.432 trabajadores, un 130 por ciento más que en el primer semestre del año pasado, y en los segundos otros 25.702, lo que representa un incremento del 191,3 por cien.

Los problemas de exceso de empleo que ponen de manifiesto estas cifras se concentran, sobre todo, en el sector industrial, al que pertenecen 236.522 d los afectados, el 84 por ciento del total. El resto prestaban sus servicios en empresas de la construcción (6.252), los servicios (26.411) o la agricultura (13.076).

UNO DE CADA CUATRO, EN EL AUTOMOVIL

Un análisis más pormenorizado por ramas de actividad revela que las compañías de automóviles y de repuestos de automoción son las que más recurrieron a este sistema para reducir su actividad, ante el desplome de las ventas de coches que se ha registrado este año.

En concreto, estas empresas someieron a regulación a 77.111 empleados, diez veces más que en los seis primeros meses del ejercicio anterior, lo que significa que en este sector trabajaban uno de cada cuatro afectados por expedientes de crisis.

Destacan también otras ramas industriales, como la de fabricación de productos metálicos, que incluyó a 42.739 trabajadores en planes de regulación laboral; la industria química, con 10.650; la de papel y artes gráficas, con 11.422; la textil, con 10.961; la de construcción de maquinaria y equpo mecánico, con 11.417; y la de maquinaria y material eléctrico, con 12.066.

Por otra parte, la información de que dispone el Ministerio de Trabajo no deja lugar a dudas en cuanto a que son las pequeñas empresas las que está sufriendo el mayor peso de la crisis, presumiblemente al encontrarse en muchos casos entre dos fuegos, la caída de la demanda, por un lado, y las presiones de las grandes compañías de las que son proveedoras para que reduzcan los precios de sus suministros, por otro.

En cualuier caso, a empresas con plantillas de menos de 25 personas pertenecían 24.286 de los 59.127 trabajadores afectados por los expedientes de crisis más drásticos, los de despido colectivo, frente a menos de 10.000 en las grandes sociedades de más de 500 empleados.

Las causas alegadas en la mayoría de los expedientes autorizados por la Administración hacían referencia a problemas de tesorería y de caída de la demanda, a la necesidad de aplicar medidas económicas extraordinarias, para asegurar la viabiliad de las empresas y, en menor medida, a situaciones de quiebra o suspensión de pagos.

CATALUÑA, CUATRO VECES PEOR

Por lo que se refiere al reparto geográfico de los expedientes de regulación, sobresale el fortísimo empeoramiento de Cataluña, que cuadruplicó el contingente de afectados, al pasar de 16.276 en el primer semestre de 1992 a 66.129 en el mismo periodo del 93. Sólo tres comunidades mejoraron, Asturias, que se quedó en 9.494 regulados; Extremadura, en 814; y Murcia, en 2.424.

La evoluión más negativa correspondió a Castilla y León, donde la regulaciones se quintuplicaron, al alcanzar a 31.453 personas, una cifra sólo superada, en términos absolutos, por Cataluña y por el País Vasco, que contó con 54.986.

A continuación se situaron Madrid (24.310, el doble que en el 92), Galicia (23.244), Andalucía (19.333), Valencia (13.974), Navarra (10.286), Asturias (9.494), Cantabria (8.198), Aragón (7.889), Castilla La Mancha (5.441), Murcia (2.424), Canarias (1.713), Baleares (1.482), La Rioa (959), Extremadura (814), y Ceuta y Melilla (142).