Las regulaciones, que aumntaron un 6,58 por ciento en relación a 1991, se tradujeron en suspensiones de empleo para 232.576 personas, reducciones de jornada para 14.636 y despidos colectivos para 81.628.

La evolución es especialmente negativa en el caso de los despidos colectivos. Los expedientes de reducción de plantilla por esta vía afectaron a 14.315 trabajadores más que en 1991 y alcanzaron una cota sin precedentes al menos en los últimos 15 años.

Las regulaciones de empleo se dispararon en el segundo semestre del añ, al compás de la crisis económica, ya que en el primero los afectados eran todavía un 15 por ciento menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El punto máximo se alcanzó en el mes de diciembre, que arrojó unas cifras que duplican ampliamente la media del año, al sumar 69.460 regulados, 10.072 de ellos en expedientes de despido colectivo.

LA MAYORIA, PACTADOS

Por otra parte, los datos del Ministerio de Trabajo indican que las razones más frecuentemente alegadas por las empresas a la ora de presentar expedientes de regulación son la restricción de la demanda y los problemas de financiación.

Alrededor del 80 por ciento de los expedientes son pactados previamente entre las empresas y los representantes de los trabajadores, si bien la autoridad laboral dio el visto bueno a más de dos mil, que afectaban a más de 50.000 trabajadores, a pesar de no contar con un acuerdo previo entre las partes.

Las empresas que recurrieron más a menudo a este sistema de reducción de la actividad prductiva fueron las de automóviles, la construcción naval, fabricación de productos metálicos y las del sector pesquero.

La comunidad que desde la década de los ochenta tiene año tras año un mayor número de regulados es el País Vasco, en donde permanecieron en esta situación durante el año pasado más de 70.000 trabajadores.

No obstante, ese nivel está muy alejado del que sufría esta comunidad en los años más duros de la reconversión industrial, en los que llegaron a producirse 185.114 regulados en1983 ó 160.460 al año siguiente.

Respecto a 1991, la situación también empeoró claramente en Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía y Murcia, Navarra. Las demás se mantuvieron a niveles similares o inferiores a los del año precedente.