En una nota de prensa, AI recuerda que el texto de la reforma establece que las compañías de transporte podrán ser objeto de sanciones muy graves, de hasta diez millones de pesetas, si transportan hasta España a ciudadanos extranjeros que nodispongan de la documentación en regla que exijan las autoridades españolas.

Las compañías de transporte estarán obligadas, según el texto de reforma, a realizar la debida comprobación de los documentos de las personas que deseen viajar a España, así como a hacerse cargo inmediatamente del extranjero, y de su repatriación, si éste no fuera admitido en España.

El proyecto de ley señala, no obstante, que no se considerará infracción el hecho de transportar a una persona sin los papeles en regla que presente solicitud de asilo en España y le sea admitida a trámite.

Sin embargo, AI y Médicos sin Fronteras temen que, en la práctica, esta medida suponga que los empleados de las compañías de transporte se conviertan de hecho en un primer filtro para permitir o no que una persona pueda presentar su solicitud de asilo, ante el temor de que la decisión de viajar pueda suponer un alto coste para la compañía para la que trabajan.

Ambas entidades consideran que los empleados de las compañías"no tienen ni la autoridad ni los conocimientos necesarios para decidir sobre si una persona tiene o no razones para solicitar asilo".

Además, ambas organizaciones denuncian que "algunas empresas españolas de transporte están ya tomando medidas, como enviar personal de compañías de seguridad privada a lugares de embarque presuntamente conflictivos".

Las dos organizaciones humanitarias han enviado una carta al secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Mirandaen la que le expresan su preocupación por esta cuestión.