Según explicó el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa de valoración de esta sanción, la sanción tiene su origen en una denuncia presentada en 2022 por la propia Facua.

Sánchez señaló que el procedimiento hasta llegar a la multa de Consumo se ha visto dificultado por el entramado de más de 20 sociedades vinculadas a la organización del festival.

Facua cree que la resolución de Consumo fija un “precedente” al considerar ilegales prácticas habituales en el sector de los festivales, como el cobro de gastos de gestión que encarecen las entradas, la prohibición de acceder con comida y bebida del exterior a los conciertos, el cobro adicional por salir y volver a entrar al recinto o las limitaciones para recuperar el dinero sobrante de las ‘pulseras cashless’ -las que sustituyen al dinero en efectivo con el que prohíben pagar-.

Sin embargo, Facua “sospecha” que Reggaeton Beach Festival y su entramado de empresas no pagará la multa impuesta por el Gobierno porque la empresa atraviesa graves dificultades económicas e incluso podría encontrarse cerca de la “quiebra”.

La asociación basa esta sospecha en la cancelación de la gira prevista para este 2026 por problemas de viabilidad económica y en la existencia del citado complejo entramado de sociedades vinculadas al festival.

Facua teme que la empresa opte por no recurrir la sanción, cerrar su actividad y que el empresario detrás de este entramado continúe operando a través de nuevas sociedades, lo que podría dificultar el cobro efectivo de la multa por parte de la Administración. Sánchez dijo que el administrador único de las sociedades asociadas al festival es el empresario Iván Sanahuja Fuentes.

La organización señaló que el pasado 17 de junio, la promotora del Reggaeton Beach Festival anunció que cancelaba los eventos de este año y se desconoce si la empresa ha devuelto el dinero a todos los usuarios que compraron entradas y si tiene capacidad económica para pagar la multa impuesta ahora por Consumo.

Asimismo, Facua lamentó la “pasividad” mostrada durante años por distintas administraciones locales y autonómicas, a las que acusó de haber tolerado estos fraudes mientras colaboraban con los organizadores por el impacto económico que generaban los eventos.

Ante esta multa como “precedente”, Sánchez señaló que debería haber una acción conjunta de sanciones de las administraciones locales y regionales para frenar estas practicas por parte de los festivales. En su caso, Facua animó a los consumidores a promover una “avalancha” de denuncias judiciales e ir siempre “a los tribunales” cuando hayan vivido situaciones abusivas como las citadas.