Así lo anunció este lunes el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de la directiva de Facua Andalucía Isabel Moya y en la que aseveró que se trata de una “negligencia extraordinariamente grave” ante la que “ya veremos” si tiene que “abrir” dicha plataforma a “otros tipos de pruebas de detección de cáncer, tanto para mujeres como para hombres”.

“Hay ya 29 mujeres que nos han contactado considerando que han sufrido una negligencia en cuanto a falta de comunicación”, apuntó, al tiempo que indicó que Facua se dirigirá a ellas “en las próximas horas” para requerirles “más información, más nivel de detalle” con el fin de “ver cada caso concreto” y poder “contrastar” los datos aportados y confirmar si "efectivamente, son mujeres que están dentro de las 2.000 que cifra la Junta para la nueva localización y la prueba complementaria y si finalmente tienen o no cáncer de mama”.

A este respecto, dijo “sospechar” que “alguna” de ellas “ya se ha hecho pruebas a través de la sanidad privada y, por lo tanto, tiene clara la negligencia porque le han detectado el cáncer”. “Nosotros les pedimos inscribirse si consideran que han sido víctimas de una negligencia en la comunicación por parte de la Junta de los resultados de las mamografías que se hayan hecho en los últimos años”, explicó.

PROTOCOLOS

En este contexto, ante una situación que consideró “extraordinariamente grave” y sin “precedentes en la sanidad pública andaluza”, al punto de calificarlo como el “mayor escándalo vivido en la sanidad autonómica” andaluza, Sánchez admitió que a la asociación le “preocupa” la normativa que se aplica en este ámbito en Andalucía, que ve “bastante mejorable”, al igual que los protocolos de información que, a su entender, “existirán, pero que, desde luego, son secretos”.

Por ello, urgió a “aclarar qué es lo que ha ocurrido en lugar de recurrir a dar una versión distinta cada día”, que es lo que, a su juicio, “está haciendo el Gobierno andaluz”, que este lunes ha aportado “la cuarta versión de lo ocurrido” y que, a su entender, debe “dar solución al problema, tanto de cara a las mujeres que no han sido informadas de resultados sospechosos en sus mamografías como a otras personas que hayan podido participar en programas de detección de cáncer y tampoco se les haya podido informar”.

Así las cosas, dijo “no descartar que esto se extienda a otros tipos de cáncer, tanto en mujeres como en hombres”. “No le vemos mucho sentido a que el fallo únicamente haya sido en los protocolos de detección del cáncer de mama”, deslizó, al tiempo que criticó que el Ejecutivo andaluz haya “llegado al extremo de insultar a las víctimas de esta situación” y denunció que la consejera de Salud, Rocío Hernández, “ha llegado a acusarlas de manipulación”, razón por la cual pidió su “cese inmediato”.

En este punto, alertó de que “desconocemos si es que se han saltado los supuestos protocolos y han tardado dos meses, tres o cuatro, porque tenemos casos de hasta dos años de retraso en la comunicación” y afeó que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, haya pedido “sinceras disculpas” que, a su juicio, “no nos podemos creer después de haber mentido a la ciudadanía”.

No obstante, se preguntó “disculpas por qué, si, según el presidente Moreno Bonilla, no han cometido ningún error y todo lo que se ha hecho ha sido por no causar ansiedad a posibles enfermas de cáncer y se ha priorizado ocultarles información a reducir la gravedad de la situación comunicándoles rápidamente que se tienen que hacer una prueba complementaria para verificar si tienen o no cáncer de mama”.

“Desde luego, la estrategia de comunicación de la Junta de Andalucía, plagada de mentiras y de insultos a la ciudadanía, está siendo absolutamente lamentable y bochornosa y es impropia de un gobierno autonómico”, abundó, al tiempo que insistió en preguntar al Ejecutivo andaluz “por qué están pidiendo disculpas, qué han hecho mal exactamente, qué han incumplido” y si “reconocen que han incumplido la normativa autonómica y protocolos que son secretos”.

Sánchez puntualizó que, “más allá” de “todas las explicaciones que a nivel político nos tienen que dar y las soluciones que tienen que dar no solamente a estas mujeres sino a cualquier persona que haya pasado por controles para la detección precoz de distintos tipos de cáncer”, resulta “especialmente importante” saber “cuántas víctimas hay”, al menos en lo que se refiere a “opacidad y falta de información”.

En este sentido, lamentó que, en la actualidad, hay “en la incertidumbre” no 2.000 mujeres, “sino 2.000 mujeres que no se sabe quiénes son”. “Son cientos de miles de mujeres que han atravesado por pruebas en los últimos años y que, según la Junta, en esta semana se las va a contactar a todas”, agregó, consciente de que “partimos de que los protocolos se han incumplido o los protocolos están mal diseñados” y de que la Junta de Andalucía “hoy lo reconoce al pedir públicamente disculpas a la ciudadanía”, que está "cada vez más intranquila porque no hay ningún elemento que nos indique, por la ausencia de información clara y sobre todo veraz de la Junta en las distintas versiones de los hechos, que esto solo ha ocurrido con 2.000 mujeres en relación a mamografías”.

“Hay otros tipos de pruebas de cáncer en mujeres y en hombres y no sabemos cómo están funcionando los protocolos, cuáles son los protocolos, ni qué es lo que está en la mente de los gestores del Servicio Andaluz de Salud y ni mucho menos en la mente de la consejera de Salud y Consumo de la Junta en relación a todo esto”, apostilló.

Tras insistir en que “estamos hablando de un atentado contra la salud pública extraordinariamente grave” que está “poniendo en riesgo” la vida de las mujeres y, “sobre todo, causando daños psicológicos importantísimos a multitud de mujeres que están aterrorizadas con lo que pueda ocurrir”, subrayó que el daño a la salud "es algo por lo que se puede reclamar una responsabilidad patrimonial a la administración”, al tiempo que llamó a la Junta a “abrir una vía de reclamaciones para asumir su responsabilidad patrimonial” con indemnizaciones económicas.

Junto a ello, hizo referencia al “daño moral que representa que una mujer esté en una situación de angustia porque, de repente, se encuentre con esta situación y más aún si finalmente tiene diagnosticado el cáncer”, convencido de que "las vías que se pueden abrir en este sentido son varias, tanto a nivel de acciones individuales o acciones colectivas, acciones civiles o acciones penales”.

El equipo jurídico de Facua está “valorando las distintas vías posibles”, dado que, según Sánchez, “unas pueden ser perfectamente compatibles con otras” y ello, “independientemente” de que, a su entender, “se podría abrir una investigación por parte de la propia fiscalía”.

En paralelo, Facua se ha puesto a disposición de la Asociación Amama, que, según su criterio, ha “sido clave para destapar este gravísimo escándalo” y está “a la espera” de mantener una reunión con sus responsables para “poder compartir datos, criterios y ayudarlas a lo que necesiten” a través de sus equipos jurídicos.

Por último, Isabel Moya recordó que, en relación a los protocolos que sigue la Junta en relación a estos procesos de cribado “no se establece ningún plazo en el cual se deben realizar estas segundas pruebas”, si bien dijo entender que “sería de aplicación” el plazo de 30 días para su realización tal y como establece un decreto que regula los plazos de garantía de respuesta en el SAS.