Así lo criticó en una rueda de prensa en la que aportó las primeras valoraciones de la organización tras conocerse el miércoles que la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga dicho brote, dictó un auto en el que acordó continuar las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra un total de siete personas investigadas en el proceso, mientras que archivó la causa contra otras cuatro.

En concreto, Sánchez recordó que, al conocerse el brote, Facua pidió a Consumo “cambios” que “obligaran” a las empresas a “comunicar públicamente cualquier irregularidad” observada en los productos que ponen a la venta, “tanto detectada por ellas como que les fuera notificada por las administraciones”. Asimismo, solicitó que los establecimientos de venta al público de esos productos “tuvieran que comunicar a sus clientes la existencia de esos riesgos para la salud detectados y, por tanto, las retiradas del mercado de productos”.

“Hoy en día, la Ley de Seguridad Alimentaria sigue sin obligar ni a fabricantes ni a distribuidores a comunicar a los consumidores las irregularidades, sean leves o graves, que se detecten en sus alimentos”, denunció, para reiterar que dicho cambio “sigue siendo urgente”.

Tras reconocer que no se trata de un cambio “que vaya a evitar otro escándalo” como el del 'caso Magrudis', consideró que, “desde luego, incorporará elementos de obligatoriedad de información a las empresas, que garantizaría un mayor nivel de información a los consumidores”.

En este sentido, juzgó “fundamental” la “participación” de las empresas del ámbito alimentario en la comunicación pública de las alertas, si bien dijo entender que este aspecto “hay que incorporarlo a la legislación, a nuestra Ley de Seguridad Alimentaria”. “Debe ser un elemento obligatorio”, abundó, para insistir al titular de Consumo en esta petición con la que, según Facua, “estaba de acuerdo”, por lo que “debería, de una vez, asumir esos cambios necesarios en la ley”.

IRREGULARIDADES GRAVÍSIMAS

Después de denunciar las “irregularidades gravísimas” en las que, a su juicio, incurrió la empresa Magrudis, Sánchez también rechazó la postura del Ayuntamiento de Sevilla, que, según su criterio, “no ha hecho nada para evitar otro 'caso Magrudis'” desde entonces. A su entender, "ni el que fuera alcalde cuando se produjeron los hechos, Juan Espadas, ni el actual regidor municipal, Antonio Muñoz, han acometido los cambios necesarios para garantizar las mejoras en la inspección” que la asociación de consumidores “lleva décadas reclamando”, teniendo en cuenta que, entre otras “importantes carencias”, Sevilla “solo cuenta con una decena de inspecciones veterinarios”.

La asociación recordó que Magrudis “no sólo fue objeto de una inspección veterinaria en la que se cometieron gravísimas irregularidades”, sino que la nave industrial donde fabricaba los productos afectados “comenzó a operar de forma clandestina” durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, “dos años antes de tener registro sanitario”. “Cuando sus responsables intentaron legalizarla, ya con Espadas como alcalde, en el área de Medio Ambiente del ayuntamiento nadie revisó la documentación que aportó, en la que se ponían de manifiesto anomalías que debieron derivar en su cierre inmediato”, advirtió la organización, que representa a 79 afectados, si bien en la causa constan un total de 254 víctimas, incluyendo cuatro fallecidos, seis abortos y 244 lesionados.

VETERINARIA MUNICIPAL

Por todo ello, juzgó “de especial relevancia” que, en contra de lo que planteó en su día la Fiscalía, la instructora “haya tenido en cuenta” las argumentaciones que plantearon de forma conjunta todas las acusaciones para incluir finalmente entre los encausados a la veterinaria municipal que, según la asociación, “cometió las irregularidades en las inspecciones a Magrudis”.

“Esto abre la vía para que, en caso de ser condenada, el Ayuntamiento de Sevilla indemnice a los afectados”, sentenció, para subrayar que los responsables de Magrudis y sus dos sociedades no tienen “bienes suficientes” para responder a la totalidad de las indemnizaciones que serán reclamadas.

Junto a la veterinaria municipal encausada, María José O.B., serán juzgados el administrador de hecho de la empresa Magrudis SL, José Antonio Marín Ponce; su mujer y responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa, Encarnación Rodríguez; sus hijos Sandro José Marín, administrador único de la mercantil, y Mario Marín, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario SL, además del arquitecto técnico Sergio L.G., y el economista y asesor financiero de Magrudis, David M.M.

La jueza ha acordado continuar las actuaciones contra todos ellos por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles al Ayuntamiento de Sevilla y a la aseguradora AXA SA. Sandro José Marín, José Antonio Marín y Sergio L.G. también serán juzgados por un presunto delito de falsedad en documento oficial y tanto a los dos primeros como a David M.M., Encarnación Rodríguez y Mario Marín se les acusa de un delito leve de defraudación del fluido eléctrico.

Tras mostrar su “satisfacción” por el contenido del auto dictado por la instructora del caso, al coincidir en que las “gravísimas irregularidades” en el funcionamiento de la empresa y la inspección municipal “derivaron en el brote de listeriosis", Sánchez advirtió de que el equipo jurídico de Facua “trabaja ya” en el escrito de acusación contra todos los encausados, en el que, además de solicitar las penas para cada uno de ellos, determinará las indemnizaciones que reclamarán los afectados a los que representa en el procedimiento.