Así lo denunció en un comunicado en el que aseguró que esta medida “va contra el interés general de los consumidores”, ya que, según su punto de vista, “podría provocar un encarecimiento en el precio de compra en beneficio fundamentalmente de los bancos y de quienes especulan con los precios de la vivienda”.

En este sentido, la asociación se mostró convencida de que, tal y como ha ocurrido en otros países donde se han aplicado medidas “similares”, estos avales "corren el riesgo de terminar siendo absorbidos por los promotores”, dado que, según su criterio, los consumidores que quieran acceder a una vivienda “no verán una bajada del precio e incluso terminarán afrontando aún más subidas”.

En este contexto, consideró que la población “necesita precios más bajos para poder acceder a una vivienda e hipotecas con intereses más reducidos” e instó al Ejecutivo a que adopte medidas orientadas a “proteger realmente” a los consumidores “y no en favor del sector bancario”.

MEDIDAS PARA PROTEGER AL CONSUMIDOR

Entre ellas, además del “control” hipotecario, juzgó “necesaria” la creación de un “auténtico" parque de viviendas "público, con precios asequibles y razonables”.

En paralelo, estimó que las políticas destinadas a la compra de vivienda deben ir “acompañadas” de iniciativas dirigidas al alquiler, con una “intervención” de los precios que “acabe” con la “brutal especulación” que, según su punto de vista, existe actualmente en el mercado de arrendamiento y el impulso de un parque público de viviendas en alquiler, entre otras.