Así lo denunció este jueves en un comunicado en el que precisó que ha presentado ante la Comisión sus alegaciones a la Propuesta de Resolución por la que se establecen los criterios para la liquidación por el operador del sistema de los días 28 y 28 de abril de 2025 y que viene a fijar la forma en la que se van a “imputar” los costes derivados de esta situación.

En este sentido, para Facua “no resulta procedente” cargar en los usuarios finales del servicio eléctrico “parte” de estos costes, “toda vez que el diagnóstico oficial del incidente apunta a que el origen se debió a un cúmulo de factores y una pluralidad de agentes” y que “ninguno de ellos relacionado con los consumidores domésticos”.

“El texto fija que la traslación se produzca de forma indirecta: el operador del sistema liquida y asigna las obligaciones de pago que son incorporadas a los precios ofertados, repercutiéndolos a los usuarios finales ya sea en la tarifa semirregulada PVPC o a través de las modalidades del mercado libre”, abundó.

A este respecto, incidió en que, “de salir adelante, se sienta un precedente muy peligroso”, al entender que “imputar” a los consumidores domésticos los costes del apagón de abril de 2025 “supone no sólo no indemnizar o resarcir a los usuarios por una interrupción del suministro, derecho que tienen recogido en virtud de la normativa del sector eléctrico”, sino, además, “hacerle cargar con los problemas derivados”.

LEGISLACIÓN

Tras criticar que, según esta propuesta, los consumidores “soportan el daño y, además, contribuyen a financiar sus consecuencias”, la organización puntualizó que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge como práctica abusiva “trasladar al consumidor las consecuencias económicas de fallos o errores de gestión no imputables directamente a él”.

“Así, teniendo en cuenta que los informes sobre el incidente no señalan a los usuarios finales como responsables de ninguna parte de la cadena que llevó al apagón de abril de 2025, imputarle estos costes, incluso aunque sólo sea parcialmente, supondría una práctica abusiva y contraria a la legislación, que ninguna propuesta de resolución puede vulnerar”, apostilló.

En este contexto, insta a la CNMC a que “articule” mecanismos que permitan, una vez determinadas finalmente las responsabilidades, repercutir dichos costes a los “sujetos y agentes que efectivamente contribuyesen al fallo del sistema, evitando que se conviertan en una carga para los consumidores domésticos”, que, a su entender, son “completamente ajenos a los motivos que llevaron a la interrupción del sistema eléctrico”.