En la jornada se subrayó que nueve de cada diez personas sin hogar no viven en la calle de forma crónica, sino que “atraviesan episodios temporales de falta de vivienda” tras perder el empleo, sufrir una ruptura familiar o haber sido víctimas de violencia. Sin embargo, las dificultades de acceso a un alojamiento estable están extendiendo la precariedad a colectivos con empleo, que se ven obligados a “residir en albergues o recursos asistenciales”.

“El problema de la vivienda está incorporando a nuevas personas en situación de vulnerabilidad”, explicó en una entrevista cocedida a Servimedia el director de Intervención e Innovación Social de San Juan de Dios Valencia, Juan Manuel Rodilla, quien recordó que, en la Comunidad Valenciana, el programa de vivienda de la institución permite que nueve de cada diez personas “salgan de la calle y recuperen una vida autónoma”. No obstante, advirtió de que sin medidas preventivas “el flujo de nuevos casos seguirá creciendo” por causas estructurales como el incremento del precio de la vivienda, que en los últimos cinco años ha aumentado “cuatro veces más que los salarios”.

Rodilla defendió una “atención integral y coordinada” que combine el acceso a una vivienda con apoyo psicosocial, formación y empleo, atención sanitaria y espacios de participación comunitaria: “Las personas con un hogar y un acompañamiento integral mejoran de manera muy significativa, tengan o no una patología de salud mental. Pero cuando falta una de estas piezas, las posibilidades de éxito se reducen drásticamente”.

También recalcó la necesidad de “una atención temprana en salud mental” para evitar que los diagnósticos tarden meses y las personas pierdan su red de apoyo o su trabajo, lo que puede abocarlas a la exclusión: “Con tratamiento y seguimiento adecuado, la mayoría puede llevar una vida autónoma y estable”, aseguró.

La psiquiatra del Parc Sanitari San Juan de Dios y coordinadora del programa ‘Esmes’ (Equipo Salut Mental Sense Sostre), Yolanda Osorio, alertó, en una entrevista concedida a Servimedia, de que “vivir sin un hogar estable es en sí mismo un factor generador de malestar psicológico”. “No se trata solo de no tener un techo, sino de no tener un hogar. Esa inseguridad constante puede provocar desde ansiedad y depresión hasta descompensaciones graves en personas con esquizofrenia o trastornos por uso de sustancias”, explicó.

Osorio señaló que “cuanto más tiempo se permanece en la calle mayor es la gravedad del trastorno mental”, por la exposición prolongada a la violencia, el abuso, la falta de descanso o el aislamiento. Su equipo trabaja directamente “en la calle”, desplazándose a donde están las personas: “Vamos allí donde viven, en un portal, un parque o un bar. La clave es generar un vínculo, aunque tarde semanas o meses. Nunca damos un caso por perdido”, afirmó.

Cuando una persona representa un riesgo para sí misma o para los demás, el programa puede ordenar un “traslado involuntario” para ingreso hospitalario, siempre “respetando la dignidad de la persona”. Osorio recordó que, aunque los casos más visibles son los de personas con adicciones o trastornos psicóticos, representan solo una minoría: “El 90% de las personas sin hogar atraviesan situaciones temporales y logran salir adelante con apoyo”.

Los expertos advirtieron de que el estigma social es una de las “principales barreras para la recuperación”. “Giramos la vista ante quien vive en la calle. Ese rechazo constante deteriora su autoestima, agrava la desconfianza y dificulta su adhesión a los tratamientos”, lamentó Osorio.

Además, las personas migrantes con o sin discapacidad se enfrentan a una “doble discriminación”: incluso cuando logran regularizar su situación y acceder a un empleo, muchas no pueden alquilar una vivienda por prejuicios. “Depende mucho del país de procedencia; los arrendadores prefieren a personas españolas”, añadió.

Osorio también recordó que entre la población sin hogar hay personas con discapacidad intelectual o física que presentan “una mayor vulnerabilidad” y requieren “apoyos específicos”. “En algunos casos hay medidas de soporte tutelar que ayudan a garantizar sus derechos, pero no siempre son suficientes”, explicó.

Para San Juan de Dios, romper el círculo entre sinhogarismo y salud mental requiere actuar en dos frentes: “prevenir” que las personas con trastornos mentales pierdan su red de apoyo y “responder” con rapidez a quienes ya se encuentran en la calle. “Si no frenamos el flujo de nuevos casos y reforzamos las estructuras de prevención, estaremos gestionando una emergencia constante”, advirtió Rodilla.

El encuentro ‘R-Conecta’, clausurado por el director general de Servicios Sociales e Integración de la Comunidad de Madrid, Ignacio Ayres, contó con la participación de especialistas, entidades del tercer sector y testimonios en primera persona, como el de Ángel, usuario del albergue Santa María de la Paz. Tras años de adicciones y maltrato, encontró en San Juan de Dios “una oportunidad para recuperarse, dejar las drogas y volver a sentirse útil”.