El encuentro, celebrado este miércoles en el marco del 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, acogió la presentación del informe ‘La prestación de cuidados y apoyo a los niños y las niñas con discapacidad en el entorno familiar y sus dimensiones de género’, elaborado por la relatora especial de Naciones Unidas, Heba Hagrass, que analiza el impacto de los cuidados familiares y alerta de “desigualdades estructurales”.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que las familias son “el primer espacio de garantía de derechos” y un elemento clave del modelo inclusivo, al tiempo que advirtió de un contexto de “crisis y retroceso” en los derechos humanos. En este sentido, subrayó la necesidad de que las personas con discapacidad actúen como agentes activos en su defensa.

Por su parte, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, incidió en que la familia es una “estructura imprescindible” para el desarrollo de los menores y defendió un modelo de atención temprana que incorpore su participación activa. Además, destacó que la reforma en curso de las leyes de discapacidad y dependencia refuerza su papel.

El embajador en misión especial para la Convención, Jesús Celada Pérez, puso en valor los avances de España en la aplicación de este tratado internacional, aunque alertó del riesgo de “retrocesos en derechos” y reclamó “una mayor implicación de las comunidades autónomas” en las políticas de cuidados.

En la misma línea, la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, defendió la necesidad de “complementar las prestaciones económicas con políticas de acompañamiento personalizadas”, al considerar que estas “aumentan significativamente” las oportunidades y generan retorno social y económico.

El acto sirvió también para reconocer el papel histórico de las familias en la conquista de derechos de las personas con discapacidad, subrayando su contribución decisiva a los avances sociales y legislativos.

El informe presentado refuerza la necesidad de “avanzar hacia un modelo de cuidados centrado en la persona”, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, en el que las familias continúen siendo “un actor clave” para lograr una sociedad más inclusiva.