Con motivo del Día Nacional de la Conciliación, la organización advirtió de que miles de familias afrontan “importantes dificultades para compatibilizar su vida laboral y personal” con la atención a sus familiares con discapacidad, lo que puede derivar en “situaciones de estrés crónico, agotamiento y aislamiento social”.

Según explicó la presidenta de la entidad, Carmen Laucirica, el acceso a servicios de conciliación “no es un privilegio, sino un derecho fundamental” que permite a estas familias mantener su bienestar personal, su empleo y su participación social.

Plena inclusión puso como ejemplo el caso de Rosana Portilla y Guzmán Goicochea, padres de una niña con discapacidad intelectual, cuya vida cotidiana gira en gran medida en torno a los cuidados que requiere su hija. La organización destacó que muchas familias, como esta, se ven obligadas a renunciar a su desarrollo profesional o a su vida social por la falta de apoyos adecuados.

En este sentido, la entidad subrayó la importancia de los servicios personalizados frente a los modelos grupales, que en muchas ocasiones “no responden a las necesidades reales de las familias”.

Una encuesta realizada por la organización en 2022 reveló que el 72% de las familias prefiere apoyos individualizados, mientras que el 46% muestra un nivel bajo o muy bajo de satisfacción con su situación de conciliación.

Asimismo, la organización advirtió de que la falta de medidas eficaces de conciliación tiene un impacto directo en el empleo, especialmente en el caso de las mujeres, que asumen mayoritariamente las tareas de cuidado.

Desde Plena inclusión insistieron en la necesidad de “avanzar hacia un sistema de apoyos más flexible y centrado en la persona y su entorno familiar”, que permita “prevenir riesgos para la salud” y “mejorar la calidad de vida de estas familias”, al tiempo que se garantiza su derecho a participar plenamente en la sociedad.