Según informó este miércoles Famma, la iniciativa se desarrolla a través de la segunda edición del ‘Curso Habilitador de Experto Facilitador de Apoyo en Juzgados a Personas Menores de Edad con Discapacidad’, organizado por el CPCM en colaboración con Fundación 360. La formación se prolongará hasta el 21 de enero de 2027, con una carga lectiva de 150 horas, de las que 46 serán de formación en directo y 104 de trabajo complementario y evaluación.

El curso está dirigido a profesionales de ámbitos como la Criminología, el Derecho, la Psicología, el Trabajo Social, la Educación Social, la Logopedia y la Terapia Ocupacional, entre otros sectores relacionados con la atención a personas con discapacidad.

Su finalidad es “capacitar a los participantes para identificar necesidades, diseñar apoyos especializados y favorecer una participación judicial accesible, comprensible y respetuosa” con la autonomía de los menores con discapacidad.

El programa formativo aborda cuestiones como la accesibilidad cognitiva, la comunicación adaptada, la victimología, la prevención de la victimización secundaria y las técnicas de intervención en entornos judiciales. También incluye contenidos sobre el marco normativo de protección de los derechos de las personas con discapacidad, además de prácticas y simulaciones para aplicar las competencias adquiridas en situaciones reales.

Famma destacó la necesidad de “avanzar hacia una Justicia plenamente accesible”, en la que ninguna persona “vea limitados sus derechos por barreras de comunicación, comprensión o participación”. En este contexto, consideró que la figura del facilitador judicial contribuye a “garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la legislación nacional e internacional”.

PUENTE ENTRE LA PERSONA Y LA JUSTICIA

El facilitador judicial es un profesional especializado que presta apoyo a personas con discapacidad o con necesidades específicas de comunicación y comprensión durante su participación en actuaciones judiciales.

Entre sus funciones figuran adaptar la información a formatos accesibles, explicar los procedimientos de forma comprensible, detectar barreras comunicativas y proporcionar los apoyos necesarios para favorecer una participación efectiva y autónoma.

Esta figura no sustituye a jueces, fiscales, abogados ni a otros operadores jurídicos, y tampoco representa legalmente a la persona. Su cometido es facilitar la comunicación entre esta y la Administración de Justicia, para que pueda comprender lo que sucede, expresar sus opiniones y ejercer sus derechos.

Su intervención puede facilitar la participación en declaraciones, entrevistas, vistas judiciales y otros procedimientos, con el objetivo de “contribuir a una Justicia más accesible e inclusiva y respetuosa con los derechos humanos”.