En sus artículos 168 y siguientes, la regulación autonómica impone a los municipios la obligación de ordenar inspecciones periódicas a los edificios con más de 30 años, de dictar órdenes de ejecución de obras de rehabilitación y de asegurar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y, especialmente, de accesibilidad universal.

Resaltó que los ayuntamientos tienen la competencia y la obligación legal de intervenir mediante inspecciones periódicas, órdenes de ejecución y, si procede, medidas coercitivas para asegurar que los edificios cumplan con los estándares mínimos de seguridad, salubridad y accesibilidad.

A su juicio, la falta de accesibilidad constituye una forma de discriminación y una vulneración directa de los derechos fundamentales recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, así como en la legislación estatal y autonómica vigente.