La federación solicitó públicamente la revisión de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, al considerar “imprescindible mejorar los recursos disponibles para que las personas con discapacidad en situaciones dramáticas dispongan de alternativas reales” de atención, acompañamiento, rehabilitación y apoyo social.

Desde la entidad advirtieron de que, en determinados casos, la solicitud de eutanasia puede estar condicionada por “la falta de recursos, la insuficiencia de apoyos o la ausencia de expectativas vitales”, y “no responder exclusivamente a una decisión libre” de factores externos. “Antes de facilitar la muerte, el sistema debe garantizar de forma efectiva las condiciones para vivir con dignidad”, señaló el presidente de la federación, Javier Font.

Famma subrayó que las personas con discapacidad, enfermedades crónicas o en situación de gran dependencia pueden alcanzar niveles adecuados de bienestar cuando cuentan con los apoyos necesarios, por lo que considera que ninguna decisión irreversible debería “adoptarse sin haber ofrecido previamente todas las opciones de cuidado integral y acompañamiento”.

Asimismo, la organización manifestó su disposición a colaborar con las personas afectadas y su entorno, facilitando información y orientación especializada, apoyo psicosocial, recursos para la vida independiente, programas de inclusión y acompañamiento continuado.

A su juicio, el objetivo debe ser “abrir una alternativa real de vida y esperanza”, evitando lo que calificó como “una pérdida humana irreparable que podría prevenirse y un fracaso del sistema”. En este sentido, insistió en que las administraciones públicas deben priorizar políticas de protección, cuidados y apoyo a las personas más vulnerables para evitar que nadie se vea abocado a solicitar la eutanasia por falta de medios o por sentirse una carga.

Finalmente, la federación hizo un llamamiento a los poderes públicos para “impulsar una evaluación rigurosa del impacto de la ley, reforzar los cuidados paliativos y de larga duración, aumentar los recursos destinados a la discapacidad y la dependencia”, así como “desarrollar políticas contra la soledad no deseada y programas de apoyo a las familias cuidadoras”.