La iniciativa, que cuenta con el apoyo y financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, busca “mejorar el conocimiento legal, promover una ciudadanía más informada y reducir las brechas de información” que aún afectan a miles de personas con discapacidad y sus familias.

El programa contempla la prestación de asesoramiento jurídico individualizado en ámbitos como la accesibilidad, el empleo, la educación, la movilidad, la vida independiente o la protección social. Además, incluye acciones formativas, campañas divulgativas accesibles y el desarrollo de materiales que acerquen la normativa vigente de forma clara y comprensible.

Asimismo, la federación impulsará formación específica en derechos dirigida tanto a personas con discapacidad como a profesionales y entidades, con el fin de “reforzar sus capacidades de conocimiento y defensa jurídica, y fomentar una cultura de ejercicio activo de derechos” alineada con estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El presidente de la entidad, Javier Font, subrayó que el objetivo es que “los derechos de las personas con discapacidad no sean una declaración formal, sino una realidad exigible y plenamente garantizada”.

Desde Famma destacaron que este proyecto permitirá ampliar el alcance de su servicio jurídico, generar nuevos recursos formativos y reforzar la presencia de la discapacidad en el debate público, contribuyendo así a “una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad”.