Así lo precisaron fuentes de esta agencia de la ONU en declaraciones a Servimedia coincidiendo con la reciente publicación de su informe ‘Organizaciones de consumidores en acción-Un compendio de prácticas que promueven el derecho a una alimentación adecuada’, editado en el marco de una colaboración que inició la FAO con la organización Consumers International en el año 2017.

Las mismas fuentes puntualizaron que el documento subraya la “importante labor” que llevan a cabo algunas de estas organizaciones en relación al derecho a una alimentación adecuada, “pese a la limitación de recursos o las situaciones de vulnerabilidad”.

En paralelo, defiende que los consumidores de todo el mundo pueden convertirse en “una fuerza poderosa” para “impulsar una transformación” en el modelo de producción, comercialización, distribución y consumo de alimentos, lo que se conoce como sistemas alimentarios.

Tras aseverar que estos cambios son “necesarios para lograr un mundo que no deje a nadie atrás y respete los derechos humanos de toda la población”, dichas fuentes explicaron que las experiencias de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) se exponen junto a las de otras 48 organizaciones de consumidores de 39 países de los cinco continentes.

ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS

Con respecto a OCU, el informe valora que la asociación “ejerce presión” ante la Unión Europea y el Gobierno de España para elaborar normas alimentarias “más estrictas” y que también “contribuye a mejorar las políticas y normativas alimentarias en España y Europa”, además de “concienciar” a los consumidores sobre la inocuidad de los productos y las dietas saludables y promover campañas para la mejora del etiquetado frontal de alimentos o para determinar el origen de productos como la miel y la leche, entre otras.

Por lo que se refiere a CECU, pone de manifiesto las numerosas campañas de sensibilización sobre derechos humanos, dietas saludables y consumo responsable que ha llevado a cabo la asociación española y hace mención, además, a su labor de “concienciación” a los consumidores sobre los costes económicos, éticos y medioambientales del desperdicio de alimentos. Asimismo, celebra sus recomendaciones para planificar las comidas y las compras con el fin de ahorrar dinero; aprovechar “al máximo” todos los ingredientes y los restos de comida; minimizar el desperdicio y ayudar a los ciudadanos a actuar como “consumidores éticos y responsables” mediante acciones sobre el consumo ético y sostenible.

Para la FAO resulta “novedoso” que estas entidades de todo el globo hayan abogado por trabajar en el ámbito de los derechos alimentarios “enriqueciendo” de este modo el “diálogo” en torno a estas políticas y “contribuyendo a concienciar a los consumidores y las consumidoras”. “Es fundamental involucrar a más actores para enfrentar los retos que entraña la situación actual, agravados por la pandemia de covid-19”, espetaron las citadas fuentes, convencidas de que no es posible “encontrar soluciones sin la participación de todas las partes interesadas”.

RETOS

Esta agencia de la ONU estima que aún “son muchos los desafíos actuales en el mundo” y que España afronta “retos similares a los de muchos otros países”, que “afectan” al derecho a la alimentación. Entre ellos, las fuentes consultadas hicieron hincapié en la “transformación progresiva y profunda” de los sistemas alimentarios que requerirá alimentar a una población mundial de casi 10.000 millones de personas para 2050.

Esto implica la necesidad de reducir la pérdida y el desperdicio alimentario, teniendo en cuenta que el 14% de los alimentos se “pierde” a lo largo de la cadena de suministro, así como de asegurar la equidad de género, el desarrollo rural inclusivo, la mejora de la salud, la no discriminación o la lucha contra el cambio climático.

Las citadas fuentes lamentaron que los progresos en la lucha contra el hambre para el 2030 se han “estancado” y, tras denunciar que ya a mediados de la década de 2010 el hambre había empezado a aumentar en el mundo, advirtieron de que cerca de la décima parte de la población mundial, unos 811 millones de personas, está “subalimentada” según su informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo del 2021 y de que la pandemia podría haber sumido en el hambre crónica a entre 83 y 132 millones de personas más.

En el caso de España, reiteraron que 4,1 millones de personas padecen inseguridad alimentaria y 9,1 millones de adultos son obesos, recordando que el aumento del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con ambas están “ligados” a las dietas “no saludables”.

A este respecto, criticaron que 3.000 millones de personas en el mundo no pueden acceder a dietas saludables y que estas son casi cinco veces más caras que aquellas que contemplan solo un mínimo de calorías para poder ingerir diariamente.

En este contexto, las fuentes consultadas reconocieron que España, a través de sus mecanismos de cooperación y, “en particular” gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), ha contribuido “considerablemente” a “promover y avanzar” en la consecución del derecho humano a una alimentación “adecuada” en “alianza” con FAO y otros socios, si bien admitieron que “hay mucho por hacer y los consumidores pueden jugar un rol fundamental”.