Así lo afirmó durante el I Foro de Gestión y Servicios de Farmacia Hospitalaria, organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) que se celebra en Alcalá de Henares.

Bosch añadió que “la legislación general de contratos del sector público resulta inadecuada para regular la compra pública hospitalaria de los medicamentos con derechos de patente”.

Para ello, la directora del departamento jurídico de Farmaindustria destacó que, según el informe Spending review fase II (Estudio gasto hospitalario en el sistema nacional de salud), de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), los hospitales apenas adquirieron en 2018 el 31% de los medicamentos bajo la Ley de Contratos del Sector Público y la mayoría recurrió a la modalidad de contratos menores o la compra directa a las compañías farmacéuticas sin utilizar los procedimientos de adjudicación de esta ley.

“Este dato demuestra que hace falta un cambio en el modelo de compra de medicamentos por parte de los hospitales para hacerlo más flexible y eficiente y con menores cargas burocráticas que el actual”, apuntó.

MOTIVOS

Los motivos por los que los hospitales apenas utilizan el sistema de compras de esta ley para la adquisición de medicamentos son las peculiaridades propias de este sector: “La existencia de un precio de financiación pública de los medicamentos fijado por el Estado constituye un elemento diferencial respecto de cualquier otra compra pública de bienes o servicios por las administraciones públicas, por cuanto el principal comprador de los medicamentos innovadores es el propio Sistema Nacional de Salud”.

Además, destacó, en el caso de contratación de las terapias avanzadas, como fármacos oncológicos, no está clara la línea divisoria entre un producto o un servicio, en la medida en que la naturaleza de estas terapias se aproxima más a un tratamiento que a un medicamento.

“Esto implica la necesidad de llevar a cabo unos procesos muy rigurosos y objetivos de medición y evaluación de los resultados en salud de los tratamientos y la introducción de mecanismos de retribución del laboratorio proveedor basado en los resultados de eficacia en vida real, lo que supone alargarse en el tiempo. Todas estas características no se contemplan en la citada ley de contratos del sector público”, indicó.

La directora jurídica de Farmaindustria añadió que estas carencias y rigideces en la Ley de Contratos del Sector Público para las compras de medicamentos se evidenciaron aún más durante la pandemia de la covid-19, “cuando surgieron diversos problemas relativos a la inserción de los mecanismos de compra paneuropea de medicamentos en las estructuras competenciales y organizativas de nuestro Sistema Nacional de Salud”.