Según indicó la entidad en una nota de prensa, la nueva normativa fija por primera vez un perímetro inequívoco de la economía social y despeja dudas interpretativas, lo que permitirá consolidar un marco que prioriza a las personas y refuerza la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

La ley ordena el ecosistema de la economía social y reconoce expresamente a los centros especiales de empleo de iniciativa social como parte de él por cumplir sus principios orientadores. Estos centros carecen de ánimo de lucro y reinvierten el 100% de sus beneficios en crear y mantener empleo para personas con discapacidad, garantizando que los recursos públicos destinados a la inclusión laboral se dirigen íntegramente al interés general.

Feacem subrayó que la nueva ley aporta certidumbre a las plantillas, estabilidad a la inversión social y reglas claras para seguir generando empleo digno y estable. Asimismo, recordó que el modelo de iniciativa social, reconocido legalmente desde 2017, ha demostrado su eficacia sin provocar destrucción de empleo ni cierre de centros.

El presidente de Feacem, Daniel-Aníbal García, afirmó que la normativa “fortalece un modelo empresarial que ha demostrado su impacto social y económico” y que “blinda la finalidad social reforzada” de los centros de iniciativa social. Indicó además que la ley “cierra debates estériles” y permitirá concentrarse en “crear y mantener empleo para las personas con discapacidad”.

La norma quedó aprobada en el Congreso de los Diputados tras el rechazo mayoritario a las enmiendas del Senado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.