En el análisis, elaborado por el investigador de Fedea Ángel de la Fuente, se afirma que las la propuesta "no explica las implicaciones que tendría para el conjunto del sistema de financiación autonómica y de gestión tributaria, sino que "aumenta notablemente el grado de confusión existente en torno a la pretendida reforma".

"Habrá que esperar, por tanto, a que las partes implicadas lleven al Congreso propuestas normativas detalladas para poder valorarlas con conocimiento de causa", aclaró Fedea, quien indicó que, mientras tanto, lo que sí parece claro es que ambas propuestas "comportan un peligro cierto de deriva hacia un peculiar sistema de gestión tributaria descentralizado a la carta" que sería "crecientemente complejo, caro e inefectivo, sin aportar nada a cambio al autogobierno regional".

Asimismo, indicó que "la música confederal e insolidaria de la financiación singular sigue sin sonar bien a la mayoría del público general" y de los especialistas, aunque "se intuye un cierto esfuerzo" para "suavizar" algunas de las partes "más estridentes" de la partitura original, "posiblemente con la vista puesta en las próximas elecciones andaluzas".

DIFERENCIAS DE LOS TEXTOS

Fedea realiza un análisis comparativo entre los textos firmados por ERC y PSC y el firmado entre los Gobiernos de España y Cataluña. El primer acuerdo propone una reforma radical de la financiación de la Generalitat que comportaría el reconocimiento de su soberanía fiscal y un aumento sustancial de sus recursos -que se conseguiría mediante una cesión gradual a la Generalitat de todos los tributos de titularidad estatal, que pasarían a ser gestionados por una Agencia Tributaria catalana independiente que iría asumiendo las competencias y los medios personales y materiales de la AEAT en la comunidad, y mediante una reducción de la aportación total de Cataluña a la caja común.

"Esta aportación tendría dos componentes, uno que financiaría los costes de los servicios que siga prestando el Estado, y una cuota de solidaridad que ayudaría a complementar la financiación de las comunidades de menor renta, sin que ello pueda comportar la ruptura del llamado principio de ordinalidad, esto es, alterar la ordenación original de las CCAA en términos de recursos por habitante en base a sus ingresos tributarios", explica Fedea, quien indicó que "lo esperable" habría sido que el acuerdo de la Comisión Bilateral rellenase al menos parcialmente los muchos huecos que deja el acuerdo original de ERC y el PSC, incluyendo los criterios para el cálculo de las aportaciones de la Generalitat a la caja común, y para el reparto de los fondos de nivelación, así como la adaptación del resto de los elementos del SFA para dar encaje a la excepción catalana.

El 'think tank' también afirma que hubiese sido pertinente establecer un calendario detallado para la asunción gradual por parte de la ATC de la gestión de los impuestos estatales y especificar el reparto de responsabilidades con la AEAT sobre los nuevos tributos asumidos." El nuevo acuerdo, sin embargo, no aborda de forma decidida esta tarea de concretar y hacer operativo el texto anterior, y parece además cuestionar, al menos implícitamente al omitirlos, algunos elementos importantes del mismo", afirmó Fedea, quien manifiesta que "sigue sin decirse nada sobre el cálculo de las aportaciones al Estado y desaparecen del texto las quejas sobre el maltrato fiscal, la cesión del 100% de los impuestos estatales y el reconocimiento de la soberanía fiscal catalana en favor de una motivación mucho más neutra sobre la necesidad de renovar el Sistema de Financiación Autonómica tras diez años de retraso

GESTIÓN TRIBUTARIA

Asimismo, indica que el bloque en el que más se avanza es el de gestión tributaria. El convenio explica que el el impuesto de matriculación, utilizándolo como 'banco de pruebas' para desarrollar un modelo de gestión compartido que permitirá, entre otras cosas, que las declaraciones del impuesto se puedan presentar indistintamente ante ambas administraciones. "Se espera extender este modelo a otras comunidades autónomas, si así lo desean, y a otros impuestos, comenzando por el IRPF en Cataluña en 2026. Aunque no hay una renuncia expresa al objetivo de asumir al 100% la gestión de todos los impuestos estatales en el futuro, el nuevo acuerdo pone el acento en el desarrollo de un modelo de gestión tributaria en red en el que participarían, con competencias concurrentes, tanto la AEAT como las agencias tributarias autonómicas que lo deseen, que podrían ir asumiendo gradualmente mayores competencias de gestión sobre nuevos impuestos en ejercicio de su voluntad de autogobierno”, explica Fedea.

Si se confirmase el cambio de objetivo, desde la fragmentación del sistema tributario en agencias regionales independientes hacia el establecimiento de una estructura más colaborativa en la que participaría la AEAT de manera permanente, habría que darle la bienvenida en la medida en que permita evitar que los territorios puedan acceder al control total de las llaves de la caja, dejando al Estado en una situación precaria. Sin embargo, Fedea denuncia que el "sistema asimétrico y a la carta" que se contempla, aún en su nueva versión suavizada y maquillada, comportaría "inevitablemente" mayores costes y "serias pérdidas de eficiencia" según se vaya distribuyendo una parte significativa y creciente de las tareas de la actual Agencia Tributaria entre múltiples administraciones carentes de experiencia y de escala" "muy inferior", que afrontarían serias dificultades para comunicarse y coordinarse efectivamente entre sí.

Asimismo, consideran que la “voluntad de autogobierno” es un argumento "extremadamente endeble" para justificar el desmantelamiento incluso parcial de la actual Agencia Tributaria, pues, para el 'Think Tank' "lo importante a efectos del autogobierno" es que las comunidades "puedan modular sus ingresos tributarios de acuerdo con sus necesidades y reciban con rapidez los recursos correspondientes", lo que puede "hacerse mejor y a menor coste" con la estructura actual que con la que se propone.

En conclusión, Fedea considera que 'el culebrón de la financiación singular' está aún lejos de haber terminado. "El documento firmado eleva lo que era originalmente un acuerdo entre dos partidos regionales para tratar de impulsar determinados cambios en los sistemas de financiación autonómica y de gestión tributaria a un acuerdo entre dos Gobiernos, el de la Generalitat de Cataluña y el de España, que sin embargo sigue teniendo básicamente la misma naturaleza programática que el anterior dado que la Comisión Bilateral carece de las competencias legislativas que necesitaría para modificar el modelo actual", sentencia Fedea.