Así se desprende del estudio ‘Inmigración, Envejecimiento y Dividendo Demográfico: El caso de España en perspectiva1, elaborado por los economistas José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y Universidad Complutense de Madrid), Clara I. González (Banco de España) y Miguel Díaz-Salazar (Fedea y Universidad Complutense de Madrid).

Entre el año 2000 y el 2019, la inmigración mitigó en cerca del 60% el deterioro del dividendo demográfico. Sin la presencia de extranjeros, la proporción de población en edad de trabajar habría caído a un ritmo anual “significativamente mayor” y, con ella, el potencial de crecimiento de la renta per cápita.

En esas dos décadas, la inmigración supuso alrededor de 4,6 puntos porcentuales adicionales en la proporción de población en edad de trabajar, según las estimaciones de Fedea.

En lo que respecta al mercado de trabajo, el efecto neto de la inmigración sobre la tasa de empleo fue “prácticamente neutral” en el periodo estudiado. Sin embargo, entre 2020 y 2024, se observó que la inmigración contribuyó de forma positiva al crecimiento de la tasa de empleo, con una aportación adicional de 0,22 puntos porcentuales anuales.

PROYECCIONES

La demografía nacional seguirá restando crecimiento en las próximas décadas, aunque la inmigración “amortiguará de forma creciente” esa situación. Los autores del estudio estimaron que su contribución será de 0,23 puntos porcentuales anuales en los periodos 2024–2030 y 2031–2040, y alcanzará los 0,49 puntos anuales en 2041–2050.

Sin la llegada de inmigrantes a España en las próximas décadas, el envejecimiento sería mucho más intenso y la caída de la población en edad de trabajar, sustancialmente mayor, según Fedea.

La inmigración resulta, por tanto, un “elemento clave” para mitigar los efectos del envejecimiento demográfico en el país, pero su capacidad para compensarlo dependerá de “su interacción con otros determinantes del crecimiento”.

Esto presenta tres desafíos para España en materia de inmigración y mercado laboral. El primero de ellos está relacionado con la integración y cualificación de los extranjeros, con itinerarios de inserción, reconocimiento de competencias y reducción de las brechas educativas.

El segundo es el reto de la productividad, ya que, en una sociedad que envejece, el crecimiento del ingreso por habitante dependerá cada vez más de ganancias de eficiencia, innovación y adopción tecnológica.

Por último, España deberá encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y del Estado del bienestar, ya que en un contexto de mayor dependencia demográfica se necesitan marcos estables y predecibles.