En el estudio “Tiempo para los buenos aliados comerciales: el impacto económico del Acuerdo UE-Mercosur”, publicado este jueves, los autores María C. Latorre, Carlos Javier González-Cabrera y David Suárez-Cuesta apuntaron que el acuerdo “tendrá un impacto positivo a largo plazo en el bienestar económico tanto de la UE, y de España en particular, como de los distintos países del Mercosur”.

En concreto, el PIB conjunto de la UE y el Mercosur aumentaría un 0,17%, con ganancias para España superiores a las del resto de la UE. Al mismo tiempo, los países del bloque sudamericano obtendrían “un mayor impulso”, en concreto en los países de menor tamaño, como Paraguay y Uruguay.

No obstante, los autores del informe precisaron que ese impacto también dependerá de “muchos otros factores, como el impacto de las políticas fiscales, monetarias o comerciales”.

En cuanto al empleo, y desde la perspectiva europea, se espera que crezcan tanto los puestos de trabajo como los salarios en los sectores agrícolas, como el aceite de oliva, los productos lácteos y el vino. Además, en estos dos últimos, también se pronostica un aumento de la producción.

Asimismo, los autores del estudio también desmintieron algunos de los principales temores del sector primario europeo y sostienen que “no cabe esperar un impacto significativo del Acuerdo sobre la agricultura y ganadería” del bloque comunitario.

De hecho, para la ganadería existen cláusulas introducidas en el Acuerdo “que limitan fuertemente las cantidades beneficiadas de la eliminación de barreras de entrada a la UE e introducen cláusulas de salvaguardia”.

Por otro lado, el estudio de Fedea indicó que “el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) asociado al Acuerdo es menor que el aumento de la actividad económica”.

Por tanto, Latorre, González-Cabrera y Suárez-Cuesta niegan en su estudio que el acuerdo entre los dos bloques se vaya a traducir en “vacas por coches”, que suponga una “avalancha” de productos del Mercosur en Europa o que suponga un peligro medioambiental.

En su opinión, se trata de un acuerdo “profundo”, pensado para superar facilitar la apertura de las compras públicas y con disposiciones en el ámbito de desarrollo sostenible, especialmente en materia de condiciones de trabajo, protección del medio ambiente y protección climática.