El estudio, elaborado por los economistas Alfonso Sánchez, Ángel de la Fuente y Miguel Ángel García, analiza el impacto de la reciente reforma de pensiones, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó en varias fases la pasada legislatura, todas pactadas con CCOO y UGT y algunas también con CEOE y Cepyme.

El análisis señala que la reforma genera un importante incremento del gasto en pensiones, que supera el 18% del PIB en torno a 2050 y vuelve a hacerlo, aunque en menor medida, al final del horizonte de proyección, que se cierra con una tendencia al alza que podría llevar a un nuevo máximo en los 2070 o 2080.

El grueso del incremento del gasto proviene de la primera fase de la reforma (indexación de las pensiones al IPC) pero a él contribuyen también de forma significativa las medidas de la segunda fase, especialmente a partir de 2050. Pasando al ingreso, la reforma supondrá también un incremento de los recursos del sistema, pero muy inferior al de los gastos.

En consecuencia, el déficit básico del sistema, por su parte, se dispara hasta niveles superiores al 8% del PIB a partir de 2050. La segunda fase de la reforma suaviza el incremento del déficit hasta esa fecha, pero lo agrava de ahí en adelante – contando con una mejora de la situación en la parte final del período que las proyecciones no terminan de avalar. Además, la mayor generosidad del sistema tras la reforma se traduce también en una jubilación más temprana, según estos expertos.

“El incremento del gasto y el déficit básico que esperamos es muy superior al previsto por el Gobierno. Mientras que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé que la reforma en su conjunto tendrá un efecto moderado sobre el saldo presupuestario del sistema público de pensiones, cuyo incremento se mantendrá ligeramente por debajo de un punto de PIB incluso en el peor momento del período analizado, nuestros cálculos apuntan a un deterioro de más de tres puntos del déficit básico del sistema en la parte final del período”, estiman los economistas.

A su criterio, las diferencias provienen fundamentalmente de las previsiones de aumento del gasto, que se sitúan en torno a cinco puntos de PIB hacia mediados de siglo, frente a menos de 2,5 puntos que estima Seguridad Social. Esta discrepancia tiene su origen en estimaciones “muy diferentes” de los efectos presupuestarios de los incentivos a la jubilación demorada y de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos.

“El Ministerio, en particular, no parece haber tenido en cuenta que tanto la reforma del régimen de autónomos como los incentivos a posponer la jubilación tendrán un efecto demorado sobre el gasto a través de mayores pensiones futuras que ya será sustancial en 2050 y utiliza, además, supuestos muy optimistas sobre la incidencia de la jubilación demorada y su efecto inmediato sobre el gasto en pensiones”, explica el informe.

También son “importantes” las diferencias en los efectos previstos de la revisión de los topes máximos y mínimos de las pensiones, presumiblemente por la ausencia de efectos de comportamiento en las proyecciones del Ministerio, que “no tienen en cuenta el impacto de estas medidas sobre las decisiones de jubilación”.

EDADES Y RENTAS

Con la reforma de pensiones actual, os más beneficiados son los grupos con menores niveles de renta, que se benefician de las mejoras en ciertos elementos redistributivos del sistema (como las pensiones mínimas). El patrón de redistribución entre cohortes de edad inducido por la reforma, sin embargo, “no resulta especialmente equitativo”.

“El efecto de ésta sobre el bienestar es claramente positivo para las cohortes ya jubiladas o casi, que se benefician de las mayores pensiones y soportan mayores impuestos sólo durante una parte reducida de sus vidas, pero es negativo para las cohortes más jóvenes, que son las que tienen que financiar el mayor gasto, aún teniendo en cuenta la mejora de sus propias pensiones”, aclara el informe.

Así las cosas, el análisis sostiene que es necesario introducir medidas de contención del gasto que habrán de extenderse tanto a los pensionistas presentes como a los futuros, afectando no solo al cálculo de las pensiones iniciales sino también a su revalorización. Aun así, aclara que puede ser necesario recurrir a aportaciones complementarias de recursos procedentes de la caja general del Estado.

“En tal caso, sin embargo, sería esencial asegurar que tales aportaciones son transparentes para los ciudadanos y que su coste se reparte de una forma equitativa entre todos. Una buena opción que habría que considerar sería la de financiar tales aportaciones (o al menos su incremento futuro) mediante un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF”, proponen los autores del estudio.