Así lo precisó en un comunicado en el que aseveró que la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno “llega en un momento decisivo para la sostenibilidad del sistema de cuidados de larga duración” y que el debate “trasciende” el ámbito migratorio y plantea una cuestión de fondo, como es el hecho de si España “será capaz” de “reforzar” la atención a la dependencia, garantizar servicios de calidad y sostener un modelo “esencial para la cohesión social y territorial en una sociedad cada vez más envejecida”.

El sector considera que la posible regularización de cerca de 500.000 personas puede convertirse en una “auténtica oportunidad país”, al “conectar” una “necesidad laboral urgente” con una “vía de empleo estable y formal”. Según la federación, España deberá incorporar “cientos de miles de profesionales en cuidados durante los próximos años” y la falta de trabajadores ya está “tensionando servicios, especialmente en atención domiciliaria y cuidados continuados”.

“Podemos ofrecer empleo real a 160.000 personas y contribuir a reforzar un sector esencial, pero regularizar no equivale automáticamente a profesionalizar. Para que esta oportunidad funcione es imprescindible formación, acreditación profesional y seguridad jurídica”, afirmó al respecto el presidente de FED, Ignacio Fernández-Cid.

La patronal subrayó que una regularización “bien orientada” permitiría aflorar empleo actualmente vinculado a relaciones laborales “frágiles o informales, favoreciendo contratos estables, cotización y derechos laborales”. “Este proceso contribuiría además a dignificar el sector, mejorar la estabilidad de las plantillas y reforzar la trazabilidad y calidad del servicio prestado a las personas dependientes y sus familias”, abundó.

IMPACTO POSITIVO

En paralelo, FED destacó que el “impacto positivo” será “especialmente relevante” en ámbitos donde hoy existen vacantes “persistentes”, como la ayuda a domicilio, las residencias y los servicios comunitarios. El crecimiento de la demanda derivado del envejecimiento, la cronicidad y las situaciones de dependencia exige, además, a su juicio, aumentar la capacidad operativa del sistema para “evitar que la presión asistencial termine afectando a la calidad del cuidado”.

“En cuidados, la calidad no es un concepto abstracto, es seguridad asistencial. Hablamos de movilizaciones seguras, prevención de caídas, higiene, alimentación o atención emocional. Incorporar trabajadores sin formación suficiente puede generar riesgos tanto para las personas atendidas como para los propios profesionales”, agregó Fernández-Cid.

PLAN EXTRAORDINARIO

Tras advertir de los “riesgos” si el proceso “no se gestiona con rigor”, FED reclamó un “plan extraordinario” basado en empleo formal, formación específica y acreditación de competencias profesionales a través del Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales (PACP), que permita transformar experiencia previa en cualificación reconocida.

La organización considera que la formación y el PACP constituyen la “palanca decisiva” para convertir la regularización en una “verdadera vía de profesionalización del cuidado y en una mejora estructural del sistema”.

“La dependencia no tiene un problema dentro de unos años, lo tiene hoy. Hay servicios que no se están prestando por falta de trabajadores. Esta puede ser una solución estructural si se hace bien: regularizar, formar y emplear para reforzar el sistema y garantizar cuidados de calidad”, concluyó el presidente de FED.