Según explicó Francisco Herrera, portavoz de la coalición, dichos puestos fueron creados por el Ayuntamiento con los objetivos de tener capacidad operativa en casos de emergencia, garantizando el abastecimiento a los madrileños, y facilitar la venta directa del productor a los consumidores.

Herrera indicó que, sin embargo, un decreto dictado por el concejal de Hacienda, Fernando López Amor, en mayo del pasado año, y que entr en vigor el primero de este mes, establece que deben desaparecer esos puestos, que representaban el 5 por ciento de los existentes en todos los mercados.

De este modo, continuó, unos 300 pequeños comerciantes han tenido que renegociar directamente con los propietarios de los mercados las condiciones del establecimiento, por lo que pasan de pagar las 5.000 pesetas mensuales que abonaban al Ayuntamiento a tener que abonar dos millones por el traspaso y un alquiler mensual medio de 40.000 pesetas.

su juicio, esta decisión del equipo de gobierno tiene el agravante de que, además de ser lesiva para los intereses municipales y de los comerciantes, con ella el Ayuntamiento pierde capacidad operativa "para beneficiar exclusivamente a los empresarios más poderosos de los mercados".

Herrera anunció que su formación política pedirá en la próxima comisión informativa de Sanidad y Consumo que se someta a revisión el decreto y se vuelva a la situación anterior.

Sin embargo, la postura de IU no es copartida por la Federación de Mercados y Galerías de alimentación de Madrid, cuya gerente, Esperanza Martínez, justificó esta decisión municipal diciendo que la razón original por la que fueron creados este tipo de puestos se había desvirtuado desde hace más de 20 años.

Martínez señaló que los puestos fueron establecidos para que los agricultores de la región pudieran vender en ellos sus productos, lo que, aseguró, "desde hace más de 20 años no se cumple, ocupando los establecimientos otros comercios, omo bodegas o panaderías".

Asimismo, negó que los antiguos beneficiarios de estos puestos hayan tenido que pagar unas cantidades muy elevadas para poder seguir trabajando en ellos, "y en los casos en los que el propietario de una galería le ha exigido una renta muy alta, el comerciante ha recurrido al Ayuntamiento, que ha dado la razón al comerciante", indicó.