El líder de la oposición se expresó en estos términos en una entrevista concedida a Servimedia a las puertas de que el Gobierno apruebe de forma definitiva el real decreto-ley, que está pendiente de que se cumplan los trámites preceptivos. Una vez publicado en el BOE, se abrirá el plazo para que se presenten las primeras solicitudes hasta el 30 de junio de 2026.

Feijóo recriminó al Gobierno de Pedro Sánchez que vaya en la dirección contraria de “todas las instituciones europeas”, del Pacto de Migración y Asilo y del Reglamento de Retornos aprobado hace unos días en el Parlamento Europeo, y sostuvo que “regalar la residencia legal en España y, por tanto, la posibilidad de adquirir la nacionalidad española” es “un movimiento absolutamente insolidario e irresponsable” que se ve “agravado” por el hecho de no se exija a los potenciales beneficiarios carecer antecedentes “policiales”.

“Somos el único país de la Unión Europea que está tramitando una regularización incondicionada sin ni siquiera exigir los antecedentes policiales de más de un millón de personas. Estamos yendo contra todas las políticas de inmigración de la Unión Europea sin distinción de países, estamos rompiendo otra vez las políticas europeas previamente consensuadas en el Parlamento Europeo y, además, lo estamos haciendo sin que se someta a la votación del Congreso”.

“Esto es un disparate legal y como socios de la Unión Europea. Y esto hay que frenarlo. A España no se puede venir de forma irregular, se viene a aportar, a trabajar y a cumplir las leyes que cumplimos los españoles. Y no se puede venir a delinquir, y el que haya delinquido tiene que expulsarse de nuestro país”, añadió el gallego, que acusó a Sánchez de ser “desleal” con los países miembro de la UE y de actuar de forma antidemocrática por desoír “un mandato del Congreso”.

“PRESIÓN” PARA LA SANIDAD

Feijóo se mostró convencido de que la regularización masiva provocará, por un lado, un “efecto llamada” del que se beneficiarán las mafias y, por otro, de una “presión” adicional a la sanidad y la educación pública.

“Lo tenemos que decir con tranquilidad y con respeto, pero haciendo honor a la verdad. ¿Cómo no va a influir en los servicios públicos? Si usted le da a un millón de personas la residencia legal partiendo de una situación irregular, automáticamente hay un millón de personas más de población protegida en lo que a sanidad se refiere”, verbalizó.

Feijóo apuntó además que “España es el país que más ha incrementado la población en los últimos cinco años de toda la Unión Europea”, con un aumento de 2.700.000 ciudadanos, y remarcó que el 20% de la población española ya es de origen extranjero.

UNIVERSALIDAD

Preguntado entonces si comparte con Vox que la sanidad debe priorizar a los nacionales por delante de los extranjeros, sobre todo después de que el PP se abstuviera en una moción parlamentaria de los de Abascal en ese sentido, Feijóo contestó que “hay que darle prioridad al que tiene la tarjeta sanitaria y un español nace con tarjeta sanitaria”.

Por otro lado, sobre la decisión del Ejecutivo de restaurar la universalidad de la sanidad pública que el Gobierno de Mariano Rajoy recortó en 2012, el jefe de la oposición se mostró en contra porque “la situación irregular no puede generar derechos”, y criticó que el Gobierno legisle sobre “cosas que no gestiona y que no paga” sin pasar por el Consejo Interterritorial ni el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“Una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra cosa es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país. La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, respondió Feijóo.

CENSO ELECTORAL

Por último, denunció que el Gobierno tiene “interés por modificar los censos electorales a medio y corto plazo” tanto con la regularización masiva de inmigrantes como con la conocida ‘ley de nietos’. En su opinión, “la nacionalidad española” hay que ganársela” porque “no es un regalo”, ni tampoco lo son los derechos que la acompañan.

La ‘ley de nietos’ es, en realidad, una disposición de la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en 2022. Establece una serie de criterios para facilitar el acceso a la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que la perdieron o renunciaron por el exilio durante la Guerra Civil o la dictadura, así como a hijos de mujeres que la perdieron al casarse con extranjeros antes de 1978. También incluye a los descendientes de quienes ya accedieron a la nacionalidad por la ley de 2007 o por otras vías, permitiéndoles obtenerla como nacionalidad de origen.

El plazo inicial para presentar solicitudes acabó en octubre de 2025 y alrededor de 2,5 millones de personas expresaron su interés de acogerse a la ley, la mayoría procedentes de América Latina, según el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (Cgecee). El grueso de los casos está aún en fase de estudio. Las personas que cumplan con los requisitos recibirán la nacionalidad y entrarán en el censo de españoles residentes ausentes (CERA). Es decir, que podrán votar automáticamente en todas las elecciones, salvo en las municipales.

REGULARIZACIÓN MASIVA

El proceso para entrar en el censo electoral de los afectados por la regularización masiva que ultima el Gobierno es más complejo, pero también es posible en el medio plazo. No obstante, en ninguno de los casos podrán votar antes de 2028, por lo que no tendrán derecho al sufragio ni en las elecciones generales ni en las municipales previstas para 2027. Después de esa fecha, solo podrán hacerlo los que accedan a la nacionalidad.

En su caso, para votar en unos comicios generales o autonómicos, deben conseguir antes la nacionalidad española, que, con carácter general, se entrega previa solicitud a los 10 años de residencia legal y continuada, aunque existen plazos reducidos. Por ejemplo, los refugiados podrán pedirla a los cinco años, mientras que los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, y las personas de origen sefardí, podrán hacerlo a los dos.

En todos los supuestos, con la normativa actual, el cómputo empieza desde la concesión de la residencia legal, no desde la llegada a España. Y deben tramitar la solicitud, carecer de antecedentes penales y superar una serie de exámenes de conocimientos constitucionales y lengua española -nivel A2-. En el caso de las elecciones municipales, pueden votar sin la nacionalidad los ciudadanos de países con los que España mantiene convenios de reciprocidad, siempre y cuando acrediten cinco años de residencia legal, estén empadronados y se inscriban previamente en el censo electoral.