El jefe de la oposición insistió así en una entrevista en La 7 de Murcia recogida por Servimedia en que Sánchez ha creado esta ley para “nacionalizar” a 2,5 millones de personas que “nunca han venido a España” en solo “un año y medio”.

Remarcó que, “evidentemente”, esto “no se puede hacer sin el consenso adecuado, sin el cuidado exquisito, sin acreditar si esas personas o no tienen derecho a esa esa nacionalidad, y sin buscar una fórmula de cómo impacta esto en el censo electoral”.

Y denunció que la ley se hizo “de forma unilateral” por parte del Gobierno –aunque salió adelante en el Congreso pese al voto en contra del PP–, y remarcó que es necesario que se pare el proceso porque “debe de estudiarse y debe de medirse” su impacto.

“En este momento las encuestas le dicen al señor Sánchez que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar, pues son 2 millones y medio de votantes”, ilustró. “En mi opinión, no puede seguir”, llegó a verbalizar.

El líder del PP recordó que, en paralelo a la ‘ley de nietos’, el Gobierno está analizando la solicitud de regularización de 1,3 millones de personas “que han entrado de forma irregular” en España y “que en dos años votarán en la municipales”.

“¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa se está produciendo a la expulsión? ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea? ¿Y por qué está otorgando 2 millones y medio de pasaportes?”, planteó.

Preguntado entonces si se trata de un intento de “pucherazo” de Sánchez, Feijóo aclaró su posición y distinguió entre el fraude electoral y la “ingeniería electoral”: “El pucherazo es una cosa y lo que denunciamos es otra; hay ingeniería electoral con la ley de nietos”.

IMPACTO ELECTORAL

La ‘ley de nietos’ es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en 2022. Establece una serie de criterios para facilitar el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles que no pudieron conservarla al exiliarse tras la Guerra Civil o durante la dictadura franquista. También se aplica a hijos de mujeres españolas que la perdieron al casarse con extranjeros antes de 1978 o de quienes ya se beneficiaron de la ley de 2007.

El plazo inicial para presentar solicitudes acabó en octubre de 2025 y alrededor de 2,5 millones de personas expresaron su interés de acogerse a la ley, la mayoría procedentes de América Latina, según el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (Cgecee) –el PP habla de 2,6 millones de solicitudes, de las que 100.000 habrían sido denegadas–. El grueso de los casos está aún en fase de estudio, pero quienes cumplan con los requisitos recibirán la nacionalidad y entrarán en el censo de españoles residentes ausentes (CERA) de forma inmediata.

El proceso para entrar en el censo electoral de los afectados por la regularización masiva que ultima el Gobierno es más complejo, pero también es posible en el medio plazo. No obstante, en ninguno de los casos podrán votar antes de 2028, por lo que no tendrán en ningún caso derecho al sufragio ni en las elecciones generales ni en las municipales previstas para 2027.

Una vez cumplida esa fecha, solo podrán votar en las generales o autonómicas los que accedan a la nacionalidad, que, con carácter general, se entrega a los 10 años de residencia legal y continuada previa solicitud, aunque existen plazos reducidos. Por ejemplo, los refugiados podrán pedirla a los cinco años, mientras que los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, y las personas de origen sefardí, podrán hacerlo a los dos.

En todos los supuestos, con la normativa actual, el cómputo empieza desde la concesión de la residencia legal, no desde la llegada a España. Los potenciales beneficiarios deben tramitar la solicitud, carecer de antecedentes penales y superar una serie de exámenes de conocimientos constitucionales y lengua española -nivel A2-.

En el caso de las elecciones municipales, en cambio, sí pueden votar sin la nacionalidad los ciudadanos de países con los que España mantiene convenios de reciprocidad, siempre y cuando acrediten cinco años de residencia legal, estén empadronados y se inscriban previamente en el censo electoral.