En las jornadas ‘Tolerancia cero con la violencia escolar’ organizadas por su partido en el Senado y tras escuchar duros testimonios de víctimas, Feijóo reconoció que “entre tanta bronca, entre tanta corrupción y entre tanta decadencia, las causas que realmente deberían” de ocupar la política “muchas veces se sitúan en un injusto segundo plano, incluso a veces ni siquiera existen”.

Por ello, compartió sus propuestas con los asistentes al coloquio, entre ellos, los padres de Sandra Peña, que compartieron el caso de su hija, la joven sevillana que se suicidó hace unos meses tras sufrir, presuntamente, acoso por parte de compañeras de clase.

Para empezar, Feijóo remarcó lo importante que es “acertar con el diagnóstico”. En este sentido, abogó por que, “lejos de concentrar responsabilidades”, sea “el momento de colectivizarlas” porque no es “solo cosa de las familias, ni de los colegios, ni de las tecnológicas, ni de las comunidades autónomas, ni del Gobierno central”, sino de “todos”.

“Toda la sociedad tiene que entender que el acoso escolar no es una travesura, no es una cosa de niños, es una forma de violencia. Y la violencia deja huella, deja heridas, a veces irreversibles, porque deja muertos. Y de una u otra forma todos tenemos que hacernos cargo”, señaló .“Tampoco debemos consolarnos con la idea de que el acoso escolar ha existido siempre. Para empezar, esto no es ningún consuelo, pero es que además el problema es mayor por una razón evidente: la tecnología ha cambiado la forma de acoso”, añadió.

Al respecto de esto último, tildó de “fundamental” promover “la desconexión digital con bloqueos nocturnos automáticos y tiempos máximos de utilización” para, entre otras cosas, “protegerles de las nuevas formas de violencia” como el ciberacoso, el grooming o los contenidos sexuales creados con inteligencia artificial.

Por otro lado, apostó por tener “una visión integral” de esta problemática. En este contexto, prometió “seguir reforzando la alianza entre la educación y la sanidad y las políticas sociales para implementar un plan de bienestar emocional de los niños y de los adolescentes”. El objetivo es “tener herramientas y fortaleza que “permita detectar mejor esos comportamientos indiciarios, que son inaceptables y para proteger de los efectos perniciosos de las tecnologías”.

También se debe, en su opinión, “pasar de una gestión de parches a una verdadera estructura de Estado”. Para hacerlo, ve necesario que “exista un protocolo nacional contra el acoso que acompañe de recursos y realmente esté coordinado con las comunidades autónomas que tienen las competencias en materia educativa”; “que se garantice que la tecnología protege al menor en lugar de dejarlo a la intemperie; y “que la vigilancia esté presente en la escuela de mano de profesionales formados, no solo de profesores bien intencionados”.

Sobre esto último, apuntó que “profesionalizar la atención emocional y la seguridad de los menores exige un acuerdo” que “debe de partir de la experiencia”, dado que “la mera figura del coordinador del bienestar ha sido claramente insuficiente”.

“La solución no es convertir a un profesor, generalmente un miembro del equipo directivo, en un policía del colegio. Tenemos que avanzar hacia la extensión de perfiles profesionales específicos, de perfiles profesionales concretos que se hagan cargo con exclusividad y con formación adecuada de la mejora de la convivencia escolar”, expuso.

En paralelo, “el conjunto del Estado tiene que implicarse en una creación de un fondo económico suficiente”. “Estoy convencido que gastamos tanto dinero en cosas absurdas y este fondo es tan razonable que obtendríamos resultados inmediatos”.

Por último, sostuvo que las expulsiones de estudiantes “deben de perseguir un fin restaurador” e “ir acompañadas de formación al menor” para no se queden “vacías”, la justicia de menores debe contar con “más recursos y un enfoque más actualizado”, y se debe “mejorar la conciliación familiar” porque la educación empieza en el hogar.