Lo hizo en un comunicado después de que Borrego dijera en las jornadas ‘Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina’, organizadas por Vox en la Cámara baja, lo siguiente: “Hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que los llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias, han respetado mi identidad de género, que transitoriamente en dos segundos he manifestado”.

La Felgtbi+ avanzó que remitirá a la Fiscalía estas palabras para que “valore la adopción de las medidas oportunas” y reiteró la “urgencia” de poner en marcha un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables, un acuerdo que actualmente se encuentra en fase de conclusiones en el Congreso.

La Felgtbi+ aseveró que las declaraciones de Francisco Javier Borrego “revisten una gravedad añadida por la concurrencia de dos circunstancias”: haberse pronunciado en sede parlamentaria y porque quien las pronunció “representa a la Administración de Justicia”.

La entidad puso de manifiesto que “el Congreso de los Diputados es, junto al Senado la sede de la soberanía española y, en tal medida, debe aunar la voz de toda la ciudadanía, respetando el principio democrático de igualdad y fomentando la convivencia pacífica de todas las personas”.

Del mismo modo, observó que “la Administración de Justicia es el órgano que garantiza el cumplimiento normativo”, por lo que “cuando un magistrado pronuncia este tipo de discursos no sólo contraviene su mandato de servicio público, sino que, además, erosiona la confianza de la ciudadanía en la Justicia”.

Esa confianza, continuó la Felgtbi+, “se ve especialmente afectada en el colectivo Lgtbi+, que enfrenta una elevada tasa de infradenuncia ante presuntos delitos de odio”, como se establece en el informe ‘Estado del Odio: Estado Lgtbi+ 2025’, que evidencia que el 46,09% de las víctimas no acude a las autoridades, frente al 26,82% que formaliza denuncia y el 27,09% que recurre a entidades Lgtbi+.

La organización reseñó que las leyes Lgtbi+ estatales y autonómicas son “herramientas esenciales para garantizar la igualdad real y proteger a las personas frente a la discriminación”, a pesar de lo cual “hoy asistimos a un contexto en el que se presente desmantelar estos avances”.

Por último, dejó claro que “el impacto de estos discursos no es simbólico, sino que se traduce en violencia real, convirtiéndose en la antesala a los delitos de odio”, como lo acredita el antedicho informe, que señala que las agresiones físicas o verbales al colectivo se han duplicado en el último año, pasando del 6,8% en 2024 al 16,3% en 2025.