La cita, organizada por la FEMP, la Fundación ACS, el Cermi y el Ayuntamiento de Córdoba, sirvió para compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y fortalecer la cooperación entre administraciones y sociedad civil en torno a un objetivo común: “garantizar la accesibilidad como derecho fundamental y condición indispensable de la igualdad”.

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, remarcó que la accesibilidad universal “no es un añadido ni un lujo, sino un eje de bienestar, participación y transformación social”. Defendió que debe integrarse de forma transversal en todas las políticas locales, desde la movilidad hasta el urbanismo, pasando por la cultura o la comunicación.

Además, insistió en que el compromiso debe llegar también al ámbito rural. “El 20% de las personas con discapacidad vive en el medio rural. La accesibilidad no puede quedar restringida a las grandes ciudades; es un derecho que debe garantizarse en todos los territorios, también en pueblos y entornos alejados de las capitales”, señaló.

Martínez-Sicluna recordó que la FEMP creó para el actual mandato (2023-2027) la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, con el objetivo de “identificar e impulsar soluciones innovadoras, difundir buenas prácticas y generar redes de colaboración entre municipios y asociaciones”.

El presidente de Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, advirtió de que la accesibilidad “no es una concesión, ni una cuestión de sensibilidad; es una obligación legal y moral. Sin accesibilidad universal no hay derechos”.

Pérez Bueno explicó que la falta de accesibilidad convierte en papel mojado muchos derechos humanos básicos: “Si no hay accesibilidad, el derecho a la libertad de circulación se queda en nada para quienes tienen problemas de movilidad; si no hay accesibilidad, el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión se vacía de contenido para las personas sordas, ciegas o sordociegas; si no hay accesibilidad, quienes precisan apoyos cognitivos quedan relegados y excluidos de la vida social”.

Sin accesibilidad universal “todas las personas con discapacidad nos sentimos despreciadas y depreciadas. Se nos arrebata valor social y se nos maltrata institucionalmente al impedirnos participar en el curso ordinario de la vida comunitaria”, añadió.

El presidente del Cermi Estatal criticó, además, que el cumplimiento de los derechos siga supeditándose a la disponibilidad de recursos: “Nos hiere escuchar que habrá accesibilidad si hay dinero. Por supuesto que hacen falta recursos, pero cuando se trata de derechos humanos no caben excusas. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar entornos accesibles”.

En esta línea, reclamó que las 18 ciudades reconocidas con el ‘Access City Award’ se constituyan en una red estable y coordinada, que funcione como “cabeza tractora” del resto de municipios. “Queremos que estas ciudades sean la liga de campeones de la accesibilidad, un motor de cambio para España y para Europa. No basta con estar mejor que otros países; debemos cumplir de verdad la legislación vigente y generar entornos inclusivos en todos los órdenes de la vida social”, concluyó.

CÓRDOBA, ANFITRIONA Y EJEMPLO

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, destacó que el consistorio está avanzando en la eliminación de barreras arquitectónicas y en la integración de la accesibilidad en todas las políticas municipales. “No se trata de medidas aisladas, sino de impregnar toda la acción de gobierno de una visión inclusiva”, sostuvo.

Por su parte, el director general de la Fundación ACS, José Mayor Oreja, incidió en que la accesibilidad es un derecho consolidado, pero advirtió de que aún queda camino por recorrer. “Hemos avanzado mucho, pero necesitamos seguir innovando, apoyándonos en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para acelerar los cambios y generar ciudades realmente acogedoras”, afirmó.