Según explicó este martes Fiapas, la intervención temprana en la sordera infantil ha demostrado ser eficaz para reducir o eliminar los efectos que el déficit auditivo ocasiona sobre el lenguaje, la cognición y las habilidades sociales de los niños que lo presentan. Agregó que en los países occidentales se han implementado programas de cribado universal neonatal con gran efectividad.

Sin embargo, no todas las sorderas infantiles son detectables en el periodo neonatal, subrayó. Para asegurar una pronta detección y tratamiento de este tipo de sordera infantil, que supone el 40% de los casos, además de la vigilancia de los niños que presentan factores de riesgo, hay que adoptar otras medidas.

Fiapas defiende plantear un cribado de la hipoacusia postnatal a lo largo de todo el desarrollo infanto-juvenil, como "forma más lógica y eficaz de evitar retrasos en el diagnóstico y tratamiento de la sordera".

Entre otros, Fiapas propuso contar con un protocolo, basado en criterios científicos, que defina instrumentos y métodos objetivos y estandarizados para realizar el cribado postnatal con eficacia, hacer el seguimiento de los casos con factores de riesgo y/o sospecha de sordera y establecer el canal de derivación al especialista y las estructuras de atención al niño y a las familias como objetivos a abordar para hacer de los programas de detección precoz de la sordera un servicio continuo de prevención auditiva y de vigilancia de la salud y del desarrollo en la infancia, tal como recoge el Plan Nacional para el Bienestar Saludable de las personas con discapacidad 2022-2026 (l Plan Nacional para la Prevención de las Deficiencias y de la Intensificación de las Discapacidades).

El nuevo trabajo de la Codepeh para 2024, iniciado en esta misma semana, se centrará por ello en llevar a cabo una profunda revisión científica y diseñar una propuesta de abordaje de dichos objetivos. Este trabajo se desarrolla en el marco del programa de FIAPAS ‘Promoción y Defensa de los Derechos de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias’, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria y por la Fundación ONCE.