Así se expresó Sacacia en una entrevista concedida a Servimedia en la que detalló las principales aportaciones de la entidad al proyecto de Real Decreto que regulará estas ayudas para el periodo 2026-2027, una iniciativa impulsada para “fomentar el acceso al cine entre las personas mayores de 65 años”.

La responsable de la organización valoró positivamente el objetivo del programa, orientado a promover el envejecimiento activo a través de la cultura, pero advirtió de que la reducción del precio de las entradas “no es suficiente” si no se acompaña de medidas que garanticen un acceso real y efectivo para todas las personas.

“Lo que planteamos es bastante sencillo: si hay financiación pública, tiene que haber accesibilidad”, subrayó. En este sentido, defendió que no debe tratarse de un criterio opcional o un mérito añadido, sino de una condición básica para acceder a las ayudas. “Solo deberían recibir estas subvenciones las salas que garanticen que todas las personas, también las que tienen sordera, pueden ir al cine y disfrutarlo en igualdad de condiciones”, añadió.

Sacacia insistió en que el principal problema no es únicamente económico. “De poco sirve pagar menos si no entiendes los diálogos o te pierdes la historia”, afirmó. A su juicio, cuando esto ocurre, el cine deja de ser una alternativa cultural real, por lo que el acceso debe entenderse en términos de disfrute efectivo y no solo de precio.

En relación con las barreras actuales, explicó que muchas personas mayores con pérdida auditiva se enfrentan a dificultades cotidianas que terminan siendo determinantes. “No pueden seguir bien la película, no hay productos de apoyo como el bucle magnético y, cuando hay subtítulos, no siempre están pensados para sus necesidades”, señaló. Esta situación provoca que, progresivamente, dejen de acudir a las salas no por falta de interés, sino porque la experiencia deja de ser satisfactoria.

Frente a ello, destacó que existen soluciones técnicas ya disponibles y eficaces. Entre ellas, citó los bucles magnéticos, que permiten mejorar la audición a las personas usuarias de audífonos o implantes, así como sistemas de subtitulado adaptados. No obstante, advirtió de que “no vale cualquier subtitulado”, sino que debe cumplir criterios de calidad específicos para personas con sordera.

La presidenta de la confederación también puso el foco en la dimensión del problema. Según indicó, la pérdida auditiva asociada a la edad afecta aproximadamente al 30% de las personas entre 65 y 70 años y al 80% de las mayores de 75. “No estamos hablando de una minoría, sino de miles de personas que pueden quedarse fuera de una actividad cultural tan cotidiana como ir al cine”, remarcó.

En cuanto a los mecanismos de control, Fiapas propone que las salas no solo se comprometan a aplicar medidas de accesibilidad, sino que deban acreditarlas. “No basta con decir que se va a hacer: hay que demostrarlo”, afirmó Sacacia, quien abogó por que estas actuaciones se incluyan en una memoria justificativa final que permita verificar el cumplimiento de los objetivos del programa.

Asimismo, criticó la situación actual del subtitulado en las salas, que calificó de insuficiente tanto en cantidad como en calidad. “Hay pocas salas accesibles y, además, los subtítulos no siempre siguen criterios adecuados, lo que hace que, aunque existan, no resulten realmente útiles”, denunció.

Finalmente, la presidenta de Fiapas subrayó que el objetivo de sus aportaciones es que el programa ‘Cine Sénior’ suponga “una oportunidad real” y no se limite a ofrecer descuentos. “Queremos que ir al cine vuelva a ser algo accesible para todas las personas mayores, también para quienes tienen pérdida auditiva. La cultura tiene que poder disfrutarse en igualdad, sin barreras y sin excepciones”, concluyó.

Las propuestas de la entidad se enmarcan en un contexto de creciente reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho, vinculado a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. Desde esta perspectiva, Fiapas insistió en que las políticas públicas deben garantizar no solo el acceso económico a la cultura, sino también “las condiciones necesarias para que este acceso sea plenamente inclusivo”.