En un comunicado, reclamó al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que estas ayudas se concedan en función de las necesidades educativas de cada alumno, no únicamente por grado de discapacidad reconocido administrativamente.

Así figura en las aportaciones que la confederación presentó a la consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto que fijará los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2026-27.

Fiapas reconoce el esfuerzo realizado por el Ministerio en los dos últimos cursos por intentar corregir una situación “injusta” que se arrastra desde 2020 en las convocatorias de becas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Considera, sin embargo, que aunque la reducción en el porcentaje mínimo de discapacidad exigido supone un avance "sigue siendo insuficiente y no soluciona la discriminación que afecta en especial al alumnado con sordera".

según Fiapas, "las necesidades educativas especiales existen con independencia de contar, o no, con un grado de discapacidad reconocido". Por ello, reclamó recuperar el sistema que se aplicaba anteriormente y que ofrecía dos vías de acreditación: aportar un certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación de la administración educativa correspondiente o acreditar el grado de discapacidad, si se disponía de certificado administrativo.

Fiapas subrayó que el objetivo de estas becas no es atender al alumnado por su condición de persona con discapacidad, sino garantizar los apoyos necesarios para responder a sus necesidades educativas, sea cual sea la causa que las origine.

Denunció "la paradoja de que, mientras en otros grupos de alumnado con discapacidad se mantiene la doble vía de acreditación, en el caso de los estudiantes con sordera no se contempla". A su juicio, esta situación genera una nueva desigualdad dentro del propio colectivo de estudiantes con necesidades educativas especiales.