La actual normativa impide la revisión de precios en contratos de servicios y conciertos sociales, lo que, según Fiapas, “está comprometiendo” la sostenibilidad de muchas organizaciones que gestionan, en colaboración con las administraciones, servicios públicos esenciales.

Actualmente, las entidades sociales con contrato con administraciones públicas deben prestar los servicios sin variación de precios durante toda la duración del contrato. “Los elevados niveles de inflación están resultando deficitarios para las organizaciones”, añadió Fiapas.

Esta organización se sumó a la iniciativa ‘Más sostenibilidad, mejores servicios’, impulsada por la Plataforma del Tercer Sector para promover la actualización de los precios en los contratos del sector público.

Esta propuesta contempla la eliminación de la desindexación de contratos y conciertos públicos en materia de servicios sociales que se lleven a cabo con entidades del Tercer Sector.

Y también incluye la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, ante situaciones sobrevenidas no previstas en el inicio de la contratación o concertación del servicio, por razones de interés social.

ESTABILIDAD ECONÓMICA

Además, Fiapas abogó por la implantación de mecanismos que garanticen la estabilidad económica de las entidades sociales y que no repercutan, de manera negativa, en su sostenibilidad.

Recordó que el Tercer Sector es “un agente clave para la defensa y promoción de los derechos e intereses sociales de toda la ciudadanía y para la garantía del bienestar y la cohesión social”.

“Las entidades sociales desempeñan un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social de nuestro país y son un aliado clave para el sector público. Además, las entidades sociales llegan, en muchas ocasiones, allí donde no alcanzan las administraciones públicas, garantizando derechos y facilitando el acceso a servicios fundamentales”, subrayó.

El Tercer Sector está formado por más de 28.000 entidades que representan un 1,44% del PIB español y en el que trabajan de manera remunerada un 3,4% del total del personal contratado al mercado laboral español.

Cada año, las entidades del Tercer Sector prestan más de 47 millones de intervenciones directas y canalizan la solidaridad de cerca de cuatro millones de personas a través del voluntariado.