Fiapas subrayó en un comunicado con motivo de la finalización del año que "el derecho a oír debe abordarse como una cuestión transversal de derechos humanos y de salud pública", y reclamó "políticas que aseguren la atención a la sordera a lo largo de toda la vida". La organización defendió "el acceso universal a la prestación ortoprotésica sin discriminación por razón de edad" y la necesidad de reforzar los programas de prevención, detección precoz, diagnóstico y tratamiento de la pérdida auditiva.

La confederación añadió que "disponer de prótesis auditivas y de productos de apoyo que hagan funcional la capacidad de oír es esencial para la salud, la educación, el bienestar, la inclusión y la participación social", y consideró "imprescindible" que la accesibilidad auditiva quede recogida de forma expresa en el ordenamiento jurídico.

Asimismo, Fiapas, entidad que se refirió a su manifiesto de 2025 como resumen a sus principales demandas, advirtió de que la falta de conciencia social sobre la salud auditiva y la ausencia de medidas suficientes de prevención y atención "ponen en riesgo el ejercicio pleno de los derechos", tanto de las personas con sordera como de aquellas que pueden llegar a desarrollarla, e insistió en que garantizar el derecho a oír es una responsabilidad colectiva.