Durante el proceso de consulta pública, Fiapas había defendido que a la hora de establecer los umbrales de renta para acceder a los programas de ayudas, se tuviera en consideración la presencia de un grado de discapacidad igual o superior al 33% también en el caso de las personas con discapacidad sensorial.

Además, insistió en la consideración de la accesibilidad como clave para permitir el uso de la vivienda y los espacios comunes por parte de las personas mayores y de las personas con discapacidad en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Asimismo, la norma ha incorporado la obligación de accesibilidad en las edificaciones de las promociones o procedentes de rehabilitación de edificios objetos del programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos de ‘cohousing’, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares.

Comprende también una previsión de cuantías adicionales para obras de accesibilidad en los programas de Incremento del parque público de vivienda, de puesta a disposición de viviendas de la Sareb y de entidades públicas para su alquiler como vivienda social y en el de fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social.

"Conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, la accesibilidad auditiva para las personas con sordera forma parte de las condiciones de accesibilidad de las edificaciones", subrayó Fiapas.