El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, proponente de esta iniciativa, explicó que quienes deseen hacer aportaciones al decreto deben participar a través de su web en el apartado de ‘Audiencia e información pública’.

Esta consulta pública es uno de los pasos previos a que en abril comiencen a tramitarse las peticiones de regularizaciones. Esta medida es el “primer hito” dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España “refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia”, según ensalzó Migraciones.

El proceso está dirigido a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre del año pasado y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España en el momento de presentar la solicitud.

Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. En el caso de los solicitantes de asilo, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.

Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos pueden acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año.

Pasado ese plazo, los solicitantes deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería (Reloex), lo que permite una integración “plena y progresiva” en el sistema.

El proyecto alcanzará principalmente a personas que ya están en España desde hace tiempo y que quedaron fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de asilo pendientes o denegadas que no pudieron acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Otro de los pilares del proyecto normativo es la protección de la unidad familiar. El proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que estén en España, cuyo permiso será de cinco años.

Así pues, esta medida se articula como un Real Decreto y como reforma del ya citado Reglamento de Extranjería. El Gobierno espera que su aplicación sea ágil y su plazo de tramitación será de máximo tres meses (abril-junio), pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes -la cual se resolverá en un máximo 15 días-, las personas podrán empezar a trabajar.