Según informó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, esta reforma entrará en vigor en 2028 y afectará al fiscal general que nombre el Gobierno salido de las elecciones generales de 2027.

El titular de Justicia precisó que "en ningún caso" en 2028 el fiscal que se nombre podrá ser el actual, Álvaro García Ortiz. Indicó que esto será así porque, una vez aprobada la reforma, los responsables del Ministerio Público pasarán a tener un mandato de cinco años no renovable.

Además, no podrá haber un fiscal general que tenga dos mandatos seguidos, salvo cuando haya empezado con una etapa de un año, que le dará la opción de renovar otros cinco. Esto supondría que, en este caso, este alto cargo podría estar seis años en el puesto.

Al mismo tiempo, Bolaños apuntó que la modificación busca adaptar el Ministerio Fiscal al nuevo papel que tendrá con la aprobación de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con la que los fiscales pasarán a instruir los procesos penales, como ocurre en el resto de países de la UE. De hecho, el ministro explicó que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal será una disposición adicional de la futura LECrim.

MAYOR AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

El ministro destacó que, con esta propuesta legislativa, el Gobierno atiende las principales recomendaciones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) para reforzar la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal.

Entre las novedades se incluye que el fiscal general del Estado será el responsable de los nombramientos, ascensos y sanciones de los principales fiscales, mientras que la Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio si cuenta con el respaldo de tres quintas partes de sus miembros.

Además, las asociaciones de fiscales no podrán recibir financiación privada ni de Gobiernos u organismos extranjeros, y se creará un registro público de fiscales que preparen opositores, quienes necesitarán autorización de la Fiscalía General del Estado.

NUEVAS COMPETENCIAS

El Ministerio Fiscal dirigirá a la Policía Judicial en la investigación del delito, siendo el Fiscal Jefe quien nombrará al fiscal o fiscales encargados de cada investigación.

Los fiscales tendrán el mismo régimen de abstención y recusación que jueces y magistrados, reforzando así las garantías en su actuación dentro del nuevo marco de competencias que asumirán.

El cese del fiscal general por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones requerirá un informe previo del Consejo General del Poder Judicial, estableciendo así mayores controles en este procedimiento.