Según la calificación provisional del fiscal sobre el presunto fraude en la gestión de los fondos del PER para la localidad, el alcalde de Iznalloz, el socialista Antonio Mata Hita, cometió un delito continuado de falsedad en documento público, por el que solicita ocho años de cárcel.

Además, el fiscal atribuye al alcalde de Iznalloz otro delito de estafa, por el que pide dos años y cuatro meses más de prisión menor y ochoaños de inhabilitación para el cargo.

Asimismo, exige del alcalde que indemnice a la Seguridad Social con 29,5 millones de pesetas por los subsidios abonados durante 1988, periodo objeto de la investigación judicial, mientras que del resto de acusados reclama el pago de 240.000 pesetas por el mismo motivo.

El ministerio público también acusa a trece jornaleros de la misma localidad, que supuestamente se beneficiaron de la firma de peonadas falsas para percibir el subsidio.

El fiscal Daniel Trres les acusa de delitos de falsedad y estafa, por los que pide para cada uno un año de prisión y 100.000 pesetas de multa.

Daniel Torres explicó, tras anunciar su petición de condenas, que la acusación está centrada en los trabajadores beneficiarios del PER que no reunían los requisitos legales para percibir el subsidio y en los que se ha demostrado posteriormente que tampoco lo necesitaban.

Las investigaciones del fraude al PER en Iznalloz han supuesto la revisión de los subsidios liquidados aunos 312 trabajadores de la localidad en 1988, periodo objeto de la investigación judicial, y posteriormente se limitó a 50 de ellos, después de que las pesquisas desvelaran que tenían un patrimonio que les inhabilitaba para percibir subsidios del PER.

El alcalde del municipio granadino está en libertad provisional, bajo fianza de un millón de pesetas, desde el pasado mes de noviembre.