El ministerio fiscal consideró, en el juicio que comenzó hoy en la Audiencia de Barcelona, que los acusados permitieron que se relizaran vertidos tóxicos en aquella zona, en una finca donde la Guardia Urbana de Barcelona tiene el depósito de desguace de vehículos.

Además, el fiscal, que acusa a los tres procesados de un delito contra la salud pública y el medio ambiente, reclama que el Ayuntamiento de Barcelona, como responsable civil subsidiario, pague 200 millones de pesetas de indemnización al Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y a la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat.

La acusación particular, que eerce la asociación ecologista Depana, solicita 6 años de prisión para cada uno de los acusados, mientras que las defensas piden la absolución.

Los hechos ocurrieron entre 1991 y 1992, cuando se detectaron vertidos ilegales de aceite e hidrocarburos en el estanque de la Ricarda, una reserva natural protegida de El Prat de Llobregat.

A raíz de las investigaciones se detectó que los vertidos procedían, de forma ilegal, del depósito de desgüace de vehículos que tiene la Guardia Urbana de Barcelona enla finca conocida como El Palmeral, en el término municipal de El Prat.

Según el relato del fiscal, este depósito de la policía municipal no contaba con la autorización pertinente, y además tampoco tenía el permiso de la Junta de Residuos de la Generalitat para realizar vertidos.

El director de Reservas Naturales del Delta del Llobregat, Ricard Gutiérrez, manifestó hoy que esos vertidos tóxicos dañaron la única laguna del río Llobregat que no estaba contaminada y destruyeron la flora y la fauna d la zona.