Estas diligencias tienen por finalidad establecer un marco jurídico que proporcione soporte a las actuaciones que a partir de este momento se puedan llevar a cabo, bien por propia iniciativa, bien como parte activa de la cooperación internacional.

Las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal son el “instrumento idóneo” para asegurar y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas y de otros países afectados por la guerra y en similar situación, permitiendo recopilar elementos de prueba que puedan ser usados en investigaciones de todo tipo.

En este sentido, las diligencias tienen como objeto fundamental comprobar los aspectos determinantes de la jurisdicción, preservar los elementos del delito, poder señalar, en su caso, a las personas responsables y a las víctimas, garantizar la integridad de los elementos de prueba, constituir vía adecuada para canalizar la cooperación internacional y la asistencia mutua que pueda ser demandada, así como transmitir y recibir información.

En definitiva, para asegurar y desarrollar las investigaciones pertinentes para ponerlas a disposición ante la jurisdicción competente cuando fuera necesario y pertinente.

INVASIÓN ILEGAL

En un escrito de cinco folios, la fiscal general del Estado señala que el pasado 24 de febrero se produjo la invasión de Ucrania por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa como un “hecho notorio y conocido por toda la ciudadanía”.

Recuerda que Ucrania es un Estado soberano desde 1995 y miembro del Consejo de Europa que configura un espacio político y jurídico común, sustentado sobre valores de democracia, derechos humanos e imperio de la ley. También Rusia es miembro de esta organización en la que tiene suspendido su derecho de participación y voto desde el 25 de febrero de 2022.

En su decreto, Delgado asegura que éste es un “acto de guerra injustificada” que no tiene amparo en “normativa internacional alguna” y que está originando “violaciones graves” de los derechos humanos y de las normas de protección a la población civil, al personal médico, militar y civil en conflictos armados internacionales.

Recuerda también que la Carta de Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza y establece el respeto a la soberanía, la independencia e integridad territorial de los Estados y fija la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos. Rusia no tiene, por tanto, legitimidad para este ataque, dice la Fiscalía General del Estado.

CONSTITUCIÓN

Establece a continuación el marco jurídico para su actuación en este caso. Pese a reconocer que la reforma de las normas sobre justicia internacional “supuso una restricción de las facultades de los tribunales españoles para luchar contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional”, insiste en que la Constitución “establece una serie de principios claros a la hora de interpretar el valor, alcance e incidencia de los tratados internacionales”.

Así, tanto la Carta Magna como los Acuerdos Internacionales suscritos por España y la Ley Orgánica del Poder Judicial “otorgan la competencia a los tribunales españoles para conocer de distintos hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse” como delitos de genocidio, lesa humanidad, o contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado cuando el procedimiento se dirija contra un español o contra un extranjero que se encuentre en España o cuando la víctima sea española.

En este caso, dice Delgado, “nadie puede dudar de la existencia de victimas de nacionalidad española” por lo que la Fiscalía se dispone a su identificación y a la recogida de los datos que acrediten los hechos que les afecten y por tanto garantizar “la tutela y defensa de sus intereses” a través de estas diligencias de investigación.

Por tanto, el Ministerio Público se declara “competente” para conocer los hechos que se están produciendo en Ucrania a consecuencia de la invasión rusa, de la que hay víctimas españolas, y adelanta que va a “recopilar elementos de prueba” que puedan ser usados en procesos judiciales e investigaciones de todo tipo.

Así, la Fiscalía se concentrará en “preservar los elementos del delito” para poder señalar “a las personas responsables y a sus víctimas; garantizar la integridad de los elementos de prueba; constituir la vía adecuada para canalizar la cooperación internacional y la asistencia mutua que pueda ser demandada, así como transmitir y recibir información. Asegurar y desarrollar, en definitiva, las investigaciones pertinentes con la finalidad de su puesta a disposición ante la jurisdicción competente en el momento en que ello sea necesario y procedente”.