Según informó la Fiscalía a través de un comunicado, el 23 de enero abrió unas diligencias de investigación penal tras recibir un "escrito-denuncia" de la Agencia Tributaria, en el que ponía en conocimiento hechos que podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.

El 2 de febrero, el abogado de González Amador contactó por correo electrónico con la Fiscalía de Madrid para proponer un pacto a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado reconocía la autoría de la pareja de Ayuso en la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública" por el impuesto de sociedades de 2020 y 2021.

"VOLUNTAD" DE ASUMIR LOS HECHOS

El 7 de febrero, el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto dictó un decreto de conclusión de las diligencias de investigación y acordó interponer una denuncia contra González Amador y otros por "delitos de defraudación tributaria y falsedad documental".

Cinco días después, el fiscal contestó por correo electrónico al letrado defensor y le manifestó que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas", sin que considere que la existencia de otras personas implicadas pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.

El 13 de febrero, el fiscal interpuso la denuncia contra la pareja de Ayuso y otros cuatro individuos, así como contra ocho sociedades mercantiles, por la supuesta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto sobre Sociedades de 2020 y 2021, y un delito de falsedad en documento mercantil.

Una semana después, la Fiscalía Provincial remitió la denuncia al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid, que la registró el 5 de marzo. El 12 de marzo, el fiscal remitió la denuncia por correo electrónico al letrado de González Amador "para facilitarle el derecho de defensa" y le reiteró que la existencia de otras personas denunciadas no constituye un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.

La Fiscalía concluye que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha" es el propuesto por la pareja de Ayuso al fiscal encargado del caso.